La Fiscalía Anticorrupción hizo pública ayer su Memoria de 1998 en la que aboga por tipificar como delito la financiación ilegal de las formaciones políticas. A su juicio, la Ley de Financiación de los Partidos Políticos «ha favorecido toda clase de abusos que, en ocasiones, no han podido ser detectados ni corregidos por los mecanismos legalmente previstos».
Sobre este informe, se pronunció el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, quien, pese a asegurar que lo desconoce, reconoció que debe «evitarse que cualquier mecanismo de financiación pudiera hacer sospechar que es posible incidir sobre las posiciones de los partidos políticos en determinados temas».
La memoria , señala que «entre las penas que podrían concebirse, además de las privativas de libertad o inhabilitación para el cargo público obtenido por medio de la financiación ilegal, especialmente si ésta ha derivado en perjuicio para el patrimonio público». Para la Fiscalía, la sanción de multa que la Ley contempla para el incumplimiento de la normativa de financiación de los partidos no es «nada efectiva ni disuasoria, además de que ha resultado prácticamente inoperante».
En su memoria, la Fiscalía es muy dura con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, ya que considera que «ha favorecido toda clase de abusos que, en ocasiones, no han podido ser detectados ni corregidos por los mecanismos legalmente previstos de control interno del partido y de control externo confiado al Tribunal de Cuentas».