El presidente de Chile, Eduardo Frei, atribuyó ayer a una falta de «responsabilidad política» la decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de autorizar la continuidad del proceso de extradición a España del general Augusto Pinochet. «El señor Straw no ha querido asumir la responsabilidad política de responder a la clara indicación de los Lores en el sentido de reconsiderar su decisión», declaró Frei.
El Gobierno chileno cuestionó la decisión de Straw, pero al mismo tiempo descartó la adopción de represalias políticas contra los Gobiernos de Londres o Madrid.
El dictamen del ministro Straw provocó en Chile las reacciones esperadas entre los partidarios y los detractores de Pinochet, frustración e ira entre los primeros, preocupación en las filas de la coalición gobernante y regocijo entre los familiares de las víctimas del régimen militar, para quienes «se ha dado un paso más hacia la verdad y la justicia». Los partidos de la derecha culparon al Gobierno de Frei de este nuevo fracaso en Londres.
«Estamos extremadamente satisfechos de que Jack Straw haya reconocido que un solo caso de tortura ya es demasiado y constituye un crimen por el que el general Pinochet debe ser juzgado», afirmó Brendan Paddy, de Amnistía Internacional, que ha luchado durante meses por la extradición del general. «Este es el día que las víctimas de Pinochet han estado esperando durante 25 años», afirmó por su parte Reed Brody de Derechos Humanos. Para la diputada Isabel Allende, hija del presidente asesinado Salvador Allende, estimó que la decisión supone que «el principio de la Justicia se ha respetado». Allende aseguró haber acogido la noticia «con serenidad y con gran satisfacción», y que «en alguna medida» ya la esperaba.