La finalidad última de esta medida, que se complementaría con medidas de gracia y de acercamiento de presos a cárceles, tendría como finalidad última favorecer el proceso de pacificación en el País Vasco.
Según publica ayer el diario bilbaíno «El Correo», que cita fuentes próximas al Gobierno, la Audiencia Nacional, a petición del gabinete que preside José María Aznar, ha iniciado la revisión de la situación de casi medio millar de casos.
De esa cifra, más de sesenta personas no tienen causas pendientes en los juzgados y tribunales y su vuelta podría producirse de forma inmediata. Al menos otras dos docenas más de huidos podrían quedar en libertad a su regreso tras cumplimentar un mínimo trámite ante los juzgados que les instruyen causas por delitos menores.
Aunque el numero está por concretar, muchos de los casos sobre los que estudia la Audiencia Nacional se beneficiarían de la prescripción. Del proceso quedarían excluidos los presuntos militantes de ETA con delitos no prescritos, los ya condenados y los pendientes de juicio, así como los cerca de setenta etarras condenados en rebeldía y los sesenta que cumplen condena en Francia. El Gobierno espera que a lo largo de los próximos meses sería posible el regreso inmediato a España de cerca de un centenar de ciudadanos, cifra que podría elevarse hasta casi unos 250 personas.