El Consejo de Ministros acordó ayer presentar un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Parlamento vasco de ceder sus instalaciones a la autodenominada Asamblea kurda en el exilio, según informó el portavoz del Gobierno, Josep Piqué. La respuesta airada de PNV, EA e IU-EB no se hizo esperar. El portavoz 'peneuvista' en el Congreso, Iñaki Anasagasti, consideró que la decisión demostraba que se está en un «estado de derechas» y no «de Derecho».
La presentación del conflicto por parte del Gobierno irá acompañada de la efectividad del acuerdo del Parlamento vasco, ya que el citado conflicto de competencias se presentará por la vía del artículo 161.2 de la Constitución que dice que «el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y las resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas».
La Constitución añade que «la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses». Precisamente, la decisión de la Cámara vasca de ceder sus instalaciones a la Asamblea kurda en el exilio fue reforzada el pasado viernes con la aprobación en la Cámara de Vitoria de una enmienda transaccional con el apoyo del PNV, EA, EH e IU-EB y con los votos en contra del PP, PSE y UA.
Tras la decisión del Consejo, el ministro de Administraciones Públicas, Angel Acebes, explicó que el Gobierno ha entendido que «se produce una vulneración de la competencia exclusiva del estado en materia de relaciones internacionales y también de política exterior, que se establecen tanto en el artículo 149 como en el 97 de la Constitución». El Ejecutivo asegura que esta interpretación fue ratificada en una sentencia del TC de mayo de 1994, que limitaba la proyección exterior de las Comunidades Autónomas a aquellas que «no originen obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado, y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros».