La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales se hizo ayer realidad en Andalucía, mientras que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aclaró que el Gobierno central no tiene intención de recurrir el decreto de la Junta andaluza.
Y es que, en la reunión de ayer del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad Autónoma, se aprobó el documento relativo a la reducción de las horas de trabajo, mientras que el nuevo titular de la cartera en el Gobierno central, Manuel Pimentel, aseguró que esta medida incentivadora «es perfectamente legítima porque es fruto del acuerdo entre los sindicatos y la Junta».
El modelo andaluz de reducción de la jornada está consensuado por los sindicatos desde el primer día de este año, pero no por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) «por entender que no contribuye a la creación de empleo ni a la necesaria competitividad de la economía andaluza».
Pero, la patronal andaluza no aceptó el decreto para evitar una «presión indeseada» en la negociación de los convenios colectivos, ya que «fomentar la conflictividad en el diálogo social podría asustar a los inversores extranjeros».
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró que «no hay nada ilegal ni antijurídico» en el decreto de la semana laboral de 35 horas y lamentó que el Gobierno de la Nación vea esta medida «de hondo calado social» como una «agresión política» del Ejecutivo andaluz hacia la administración central.