El juez español Baltasar Garzón estaba ayer presente en la audiencia que se sigue en la Cámara de los Lores para decidir si el ex dictador chileno Augusto Pinochet goza o no de inmunidad, mientras se está a la espera de que el Foreign Office presente un certificado sobre la fecha concreta en la que el Reino Unido reconoció al general como jefe de Estado.
Esta fecha es importante, ya que el argumento de la Fiscalía gira en torno a que no se puede reconocer la inmunidad a Pinochet como jefe de Estado porque durante un período transitorio fue jefe de Gobierno y durante esos meses se cometieron crímenes, torturas y secuestros.
Asimismo, la Fiscalía continúa explicando que hubo una conspiración antes de que se cometiera el golpe de Estado, en la que se planearon de forma estricta una serie de delitos para exterminar a determinados grupos de personas. La Fiscalía informó que ayer por la mañana recibió documentos desde España de la conspiración.
El miembro de la Fiscalía y experto en Derecho Internacional, Christopher Greenwood, centró su intervención en que «la tortura es un crimen internacional», reconocido como tal por Chile en 1984 cuando adoptó la Convención Internacional contra las torturas.
Según Greenwood esta Convención «codifica una anterior regla que prohibe la tortura y añade a las leyes nacionales la obligación de los Gobiernos para que se cumplan». Así mismo, señala que los oficiales no tienen inmunidad, lo que incluye a los jefes y ex jefes de Estado. «La firma de la Convención incluye la obligación de actuar», asegura.