La fiscalía aseguró ayer en su segundo día de sesiones ante la Cámara de los Lores que el Reino Unido tiene la obligación de extraditar a España al dictador chileno Augusto Pinochet, ya que ambos países han firmado el Convenio Europeo de Extradición. También se refirió a los actos terroristas cometidos en Italia. Se trata del intento de asesinato el 6 de octubre de 1975 de los ciudadanos italianos Bernardo Leighton y Ana Fresno Ovualle. El fiscal Alun Jones considera que las leyes obligan a perseguir el terrorismo a nivel internacional.
En la sesión de ayer se volvió a reiterar que, a pesar de que según la legislación británica los antiguos jefes de Estado gozan de inmunidad, la tortura, el secuestro y el asesinato no son funciones de un jefe de Estado.
Además Jones consideró que «las torturas son perseguidas internacionalmente» y que tanto Chile como Reino Unido y España han ratificado la Convención sobre la Tortura.
El fiscal británico presentó ayer una lista detallada de casos de torturas y atrocidades de las que está acusado el dictador chileno por la Justicia española.
Al igual que en las tres sesiones anteriores, en la sala se encontraba presente el juez español Baltasar Garzón, que solicita la extradición de Pinochet y que seguía las argumentaciones a través de un audífono por el que recibía la traducción simultánea. Garzón prolongará su estancia en la capital británica, según manifestó al final de la vista de ayer.
Duras críticas en Chile a su Gobierno por participar en
el juicio de Londres
Una nueva oleada de críticas lanzaron ayer contra las autoridades
chilenas abogados, familiares de víctimas de violaciones a los
derechos humanos y dirigentes políticos por la participación del
Gobierno en la nueva causa judicial abierta en Londres contra
Augusto Pinochet. En una reunión con el ministro secretario general
(portavoz) de Gobierno, Jorge Arrate, abogados de derechos humanos
y dirigentes políticos entregaron una carta en la que manifiestan
su «apoyo irrestricto» a la extradición de Pinochet a España.