Siete lores presiden desde ayer la nueva vista de apelación sobre la inmunidad soberana del general retirado Augusto Pinochet, a cuya primera sesión asistió el juez español Baltasar Garzón, que emitió la orden de detención con fines de extradición. En su nombre, y en el de la justicia española en general, el representante del servicio de la Fiscalía de la Corona dedicó las dos horas que duró la audiencia a intentar demostrar a la máxima instancia judicial británica, que los delitos por lo que Garzón formuló su demanda, formalizada por el Gobierno de España, son extraditables según la ley británica.
La expectación despertada por la presencia ayer del juez Garzón en la vista que celebra la Cámara de los Lores encontró una respuesta limitada a la imagen gráfica. Garzón tradujo varios párrafos de su escrito a Jones y poco menos.
Artículos de Leyes, Convenciones sobre inmunidad, extradición, tortura, secuestro y conspiración que ya habían sido utilizados judicialmente desde el comienzo del caso, fueron de nuevo manejados ayer por Jones para insistir ante los jueces lores que se les pide reconozcan que las acusaciones formuladas contra Pinochet por España, se consideran actos criminales extraditables por el Reino Unido.
Jones persiguió legalmente dejar claro que los intentos de extraditar al general chileno «no son un ejercicio aislado de un solo magistrado» ya que la jurisdicción para el caso se vio confirmada por la Audiencia Nacional española. El fiscal resaltó que las investigaciones emprendidas por Garzón comenzaron «no como un intento oficioso de interferir en los asuntos de otro país, sino porque los familiares de los 'desaparecidos' lo pidieron».