El primer Consejo de Ministros del año se centró en la situación política del País Vasco y en la crítica a Ibarretxe. El Gobierno reprochó al nuevo lehendakari que en su primera declaración institucional equiparase la política penitenciaria del Gobierno con la violencia callejera auspiciada por el entorno de HB. «Es inaceptable» dijo Piqué.
El ministro advirtió a HB, como ya hiciera Aznar hace unos días, que el diálogo y la violencia no son compatibles. «Con dos advertencias bastan», aseguró. «El Gobierno "dijo tajante" lo que hace es cumplir la ley y, por lo tanto, equiparar cumplimiento de la ley con delitos de violencia callejera es inaceptable. El Gobierno está seguro que el Ejecutivo vasco participa de la obligación de cumplir la ley, tanto en perseguir la violencia callejera como a garantizar los derechos y libertades de los vascos».
Esta era la respuesta del Gobierno al nuevo lehendakari, quien en su primer discurso institucional indicó que condenará con la misma fuerza la violencia callejera y la dispersión de presos etarras. Piqué insistió una vez más en que la flexibilización de la política penitenciaria del Gobierno está en función de los avances que se puedan producir de un abandono definitivo de la violencia y, en clara alusión a HB dejó claro que el Ejecutivo no se dejará presionar por actos vandálicos. «El Gobierno desea que nadie llegue a la conclusión de que aumentando la violencia se va a conseguir algo. Si alguien tiene esa tentación, lo mejor es que se la quite de la cabeza», sentenció.
Y es que para el Ejecutivo la cadencia de violencia callejera que se ha venido produciendo en los últimos meses «no es casual»: nueve actos violentos desde el inicio de la tregua hasta las elecciones vascas, una treintena desde los comicios hasta la formación de Gobierno y dos, los más graves, desde el nombramiento del nuevo Ejecutivo. «Cada uno que saque sus conclusiones», indicó.