El Gobierno español recibió la decisión del ministro británico de Interior, Jack Straw, de dar luz verde al proceso de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet a España con la máxima prudencia. Fuentes diplomáticas se apresuraron a recordar que «la suerte del general Pinochet está íntegramente en manos de las autoridades británicas». Josep Piqué volvió a insistir en que el Gobierno respeta la decisión y pidió que no se politizara el asunto «que por definición es complejo y problemático».
Desde el PSOE, María Teresa Fernández de la Vega mostró su satisfacción por el inicio del proceso de extradición y aseguró que la decisión de Straw era «previsible» porque hubiese sido «impensable» que hubiera sido distinta.
Y como ha venido haciendo su partido desde que la justicia "tanto británica como española" ha ido dando la razón al juez Garzón, que instruye el proceso contra el ex dictador, Fernández de la Vega volvió a pedir al presidente del Gobierno, José María Aznar, que «deje de esconderse tras los fiscales, condene el genocidio chileno y cese al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño», que siempre se han opuesto a la actuación de los tribunales españoles en este caso.