Nuevo desahucio frustrado en las infraviviendas de la calle Joan Miró. Este jueves a primera hora estaba previsto el desahucio de Reina y una familia con tres hijos, dos de ellos menores, que residían en dos habitaciones de este sótano repleto de habitaciones. La comitiva judicial decidió paralizar el proceso ya que, en el caso de la familia, no se había encontrado una alternativa habitacional para su realojo. En el sótano viven 40 personas, 14 de ellas menores de edad.
El representante legal del policía local propietario de los sótanos advirtió que se solucionaría de manera muy fácil la amenaza de desahucio: «Basta con que paguen cada mes 300 euros y abonen lo que adeudan. ¡Mira qué circo han montado!», decía ante la numerosa presencia de vecinos y activistas que desplegaron pancartas y gritaban en contra del lanzamiento. Pero los afectados no se fían del dueño de los sótanos tras sufrir diferentes episodios de acoso: durante años les ha obligado a pagar en mano el alquiler y sin recibo. Ahora, además, están sin luz ni agua corriente. Sin ventanas ni aire fresco el ambiente en el sótano es irrespirable.
La presencia policial era más que patente desde primera hora de la mañana. Antes de que se cerrara el acceso al sótano repleto de infraviviendas un grupo de activistas de Stop Desahucios pudieron entrar para quedarse dentro junto con Andrés Restrepo y su mujer Milena, además de sus tres hijos de 9, 12 y 18 años. En el caso de Andrés, trabaja en la construcción rehabilitando viviendas y tiene a sus hijos escolarizados en colegios de la zona. Tanto él como su mujer pueden pagar un alquiler de hasta 1.000 euros pero advierte que no encuentran vivienda «porque somos inmigrantes y tenemos niños».
Al desahucio acudieron ocho furgones judiciales y una veintena de policías nacionales, que acordonaron la zona. La concejala de Podemos Lucía Muñoz, que estuvo presente en el operativo, reclamó el «realojo de esta familia». También estaban presentes responsables de Cáritas, que atienden a varios residentes.
Un vecino que lleva treinta años viviendo en el edificio asegura que «hace años que cuando celebramos las reuniones de vecinos de la finca, le decíamos al dueño de los sótanos que los inquilinos eran un problema, pero el decía que no podía hacer nada». Un antiguo residente que se personó en el desalojo aseguró que «yo estuve viviendo en ese sótano en el año 2012 y ya le pagaba el alquiler a ese policía local».
Problemas con la documentación judicial consiguieron suspender el desahucio de Reina. En el caso de Andrés y sus hijos, la falta de una alternativa habitacional. Llevaban tres horas cercados por la policía y habían recogido parte de sus pertenencias por si acaso pero la presión de Stop Desahucios, Podemos y Cáritas consiguió frenar el proceso judicial.
«¿Sabes el desespero que yo tenía?», decía Reina rompiendo a llorar tras saber que se paraba su lanzamiento. «Los niños pálidos, sin desayunar, nerviosos. Desgraciadamente entramos a vivir allí sin saber que eran viviendas ilegales. Si llegamos a saber todo lo que nos iba a hacer el propietario no lo habríamos alquilado. Pero ahora ya no tenemos donde ir», lamenta Reina. El mercado inmobiliario salvaje los manda al subsuelo.
Ahora que el ayuntamiento ha paralizado el desahucio ya es vivienda digna?,pueden seguir viviendo allí gratuitamente por supuesto, esto es España, qué vergüenza