El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de ley para reformar las leyes de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Una reforma que incluye el endurecimiento de las sanciones por exhibir a personas con enanismo en espectáculos. Así, las multas podrán ser de entre 600.000 y un millón de euros, si se demuestra que existe una mofa o vejación hacia las personas con discapacidad en eventos público y privados.
«Damos todo nuestro apoyo al acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se endurecen las multas», asegura Joan Carles Torrens, secretario de la Asociación Balear de Acondroplasia; entidad integrada en la Fundación Alpe. Sin embargo, advierte de que la medida solo supone «un peldaño más» en la defensa de los derechos de las personas del colectivo y sus familias, porque «es un proceso inacabado». En este sentido, «sigue habiendo muchas cuestiones en las que trabajar a nivel administrativo, social, de concienciación y de avances médicos», señala.
Ampliación de derechos
Este endurecimiento es solo uno de los puntos que incluye las reformas de las dos normas, que suponen una ampliación de derechos y servicios para las personas con discapacidad. Su aprobación cuenta con el beneplácito de las entidades de discapacidad, que creen que las reformas ayudarán a reducir la burocracia administrativa en cuanto al baremo de discapacidad: «Estamos muy contentos, el catálogo de ayudas técnicas se ha ampliado mucho y permiten gestionar servicios de una manera muy directa y personalizada», dice la presidenta de CERMI Illes Balears y gerente de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, Aurora Bonet.
«Amplía derechos, centra los servicios en la persona, compatibiliza prestaciones con el trabajo y se habla de accesibilidad universal», enumera. Sin embargo, «somos prudentes», porque varios puntos de las reformas suscitan dudas. Por ejemplo, las personas que obtengan un grado II y III de dependencia tendrán automáticamente el 65 % de discapacidad pero, «no se especifica el tipo». Por ello, temen que «se ralentice el proceso» porque en función del tipo se necesitan uno u otros apoyos.
Otra de las preocupaciones tiene que ver con la dotación presupuestaria y con que sea suficiente para su aplicación. «En 2006 salió la mal llamada ley de dependencia y de forma crónica, sin tener en cuenta quién ha gobernado, la financiación tenía que aportarla en un 50 % el Estado, pero no ha sido así. Entonces, las comunidades autónomas han tenido que asumir una parte del presupuesto que no les corresponde. Tenemos miedo de que vuelva a pasar lo mismo», explica Bonet.
... no lo entiendo... los que van a pagar las multas serán esas mismas personas a las que están intentando proteger... de sí mismas! es surrealista...