¿Imaginan casarse con quién pensaban que era el amor de su vida y despertarse a la mañana siguiente inmerso en una pesadilla? ¿Imaginan tener que vivir un año junto a esa persona antes de poder divorciarse? Hasta 2005 ese era un requisito imprescindible para solicitar el la disolución del matrimonio en España.
Aquél año, apenas unos meses después de la aprobación de la Ley de Violencia de Género, la ley de 8 de julio de modificación del Código Civil, conocida popularmente como Ley del divorcio exprés recortó el plazo de convivencia mínima de un año a tres meses. Este miércoles 9 de julio se cumplen 20 años de la entrada en vigor de una norma que cambió la vida de miles de familias en Baleares.
Entre 1932 y 1939 el divorcio había sido legal en el país pero el alzamiento militar de 1936 lo borró como tantos otros derechos civiles. Hubo que esperar a 1981 para volver a tener una Ley del Divorcio en España, aunque esta tenía sus limitaciones. Establecía que no podía disolverse el matrimonio hasta trascurrido un año del casamiento y que previamente a la solicitud tenía que haberse producido una separación formal.
Todo ello alargaba un proceso ya doloroso para las familias. Eso explica por qué la modificación legislativa de 1981 pasara a formar parte de la memoria colectiva con el nombre de ‘Ley del Divorcio exprés’, aunque también hizo historia por otros motivos. Reguló por primera vez la figura de la custodia compartida e introdujo la ‘mediación familiar’ para los casos en los que los esposos eran capaces de romper su matrimonio y acordar el reparto de sus bienes sin necesidad de que lo hiciera un juez.
También eliminaba la obligación de justificar la causa de la ruptura, algo que se exigía hasta entonces. El abandono injustificado del hogar, la infidelidad, la dejadez en los deberes a los hijos, el alcoholismo o las perturbaciones mentales, eran algunos de los supuestos amparados por la norma de 1981.
En 2004, el año anterior a la reforma legal se registraron 50.979 divorcios en España y 81.618 separaciones. En 2006, el año posterior, los divorcios se habían disparado en España. De hecho el 2005, a pesar de que la nueva ley no entró en vigor hasta principios de julio, ya cerró con un notable incremento del número de divorcios.
Baleares fue ese año la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de divorcios, solo por detrás de Canarias. Se disolvieron legalmente 27,27 matrimonios por cada 100.000 habitantes de las Islas.
De unos años a esta parte el panorama ha cambiado en la comunidad autónoma. Desde 2017 la tasa de divorcio por cada mil habitantes no ha dejado de caer y ya se sitúa en 1,74. Actualmente Baleares ocupa el cuarto puesto en el ránking nacional de disolución de matrimonios solo por detrás de Ceuta (2,29), Valencia (1,86) y Canarias (1,85).
Algunos podrían pensar que nos divorciamos menos porque nos casamos menos, pero no es exactamente eso lo que dicen las estadística. Las bodas en Baleares no han dejado de crecer desde 2020 y en el año 2023 (último del que figuran datos en el INE) se celebraron 4,43 bodas por cada 1.000 habitantes lo que sitúa a las Islas a la cabeza de España en número de matrimonios.