El PP votará a favor de las enmiendas que Vox ha presentado a la ley que se aprobó como decreto para liberalizar suelo para viviendas en Palma y que, ahora, se extenderá a todos los municipios de más de 20.000 habitantes. El decreto que se aprobó en el Parlament –y que ahora tendrá que cambiar de nombre– se ha negociado de manera paralela a los Presupuestos. La aceptación de todas las propuestas de Vox encarrila la aprobación de las cuentas autonómicas.
Formalmente, al menos en declaraciones públicas, tanto el PP como el Govern indica que son asuntos diferentes. Pero la verdad es que se ha negociado todo a la vez. Este martes termina el plazo para que se presenten enmiendas pero Sebastià Sagreras, portavoz del grupo parlamentario Popular, ya ha indicado que «las [enmiendas] que ha presentado Vox están acordadas y el compromiso del PP de darles apoyo es total». De hecho, ese dato lo aportó Manuela Cañadas –portavoz del partido de los de Abascal– la asesora jurídica del partido que preparó las enmienda y las negoció con la Conselleria encargada de vivienda. Tanto Cañadas como el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, comparecieron de manera conjunta hace unas semanas –eso ocurrió el 14 de abril– para informar de que el decreto pensado para Palma recogería aportaciones de Vox. En lo que más énfasis puso Vox fue en las áreas de transición
La ley pactada por el PP y Vox establece que tanto los ayuntamientos como los promotores tendrán un plazo máximo de un año para aprobar y presentar iniciativas en áreas de transición, que podrán habilitarse en todos los municipios de más de 20.000 habitantes. «La urgencia es ahora y por eso se fija el plazo de un año, además también se da prioridad al mercado de protección oficial o precio limitado». Además, «las viviendas protegidas tendrán que construirse antes o al menos de forma simultánea a las de precio libre» destacó Sagreras, que también recodó que se fijará un plazo mínimo de cinco años de residencia en las Islas aunque los ayuntamientos podrán ampliarlo. Tanto este decreto de vivienda, como el de medidas para el turismo –Vox ha apoyado los dos– se vincularon desde el primer momento a la aprobación de los Presupuestos de 2025. Todavía queda un fleco colateral y que se despejará cuando se vote la ley de conciliación.
Vox ha votado hasta ahora una enmienda del PSIB a varias leyes para incrementar el control del gasto si no hay Presupuestos. Esa enmienda, por ejemplo, priva al Govern de 400 millones. Con los Presupuestos aprobados, esa enmienda queda sin efecto.
lo que me parece peor es que según parece está ley protege mas a unos vecinos que a otros de la degradación del entorno,contaminacion,masificación,ruido, etc.de según que barrios ,pueblos .etc.