El magistrado del TSJIB, Álvaro Latorre, inicia los trámites para juzgar a la titular del juzgado de lo Mercantil 3 de Palma. En un auto, apunta a que dos resoluciones adoptadas en un concurso de acreedores pueden ser un delito de prevaricación. En ese procedimiento estaba encima de la mesa la titularidad de un hotel de s’Arenal.
La empresa que estaba bajo concurso en esas actuaciones, la sociedad Grupo 4 Islas Baleares arrendaba la explotación de un hotel. Arrastraba años de conflicto con la propiedad hasta el punto de una investigación penal por un posible delito de estafa contra el administrador aún por juzgar. En marzo de 2022 la empresa se declaró en concurso voluntario y la tramitación correspondió a la magistrada ahora imputada, Margarita Poveda Bernal. Fue ella quien designó a la administración concursal encargada de gestionar la situación de insolvencia.
El 30 de junio de 2023, otra jueza, que actuaba en una sustitución en Mercantil 3 dictó un auto en el que apartaba a esa administración concursal tras un conflicto por unos honorarios. Once días después, Poveda Bernal dictó una providencia en la que, tras un recurso del administrador cesado, dejaba en suspenso esa decisión hasta que el auto de la juez que la sustituyó fuera firme. Posteriormente impidió todos los intentos de las otras partes para recurrir su decisión. El auto del TSJIB apunta a que la prevaricación fue doble. La primera decisión injusta sería dejar en suspenso el cese del administrador. «Incumpliendo la Ley Concursal que descarta el efecto suspensivo del recurso de reposición», apunta Latorre. La segunda resolución que podría ser delictiva fue la decisión de impedir los recursos.
La suspensión del cese del administrador concursal permitió que este firmar un acuerdo que decantaba la posesión del hotel de s’Arenal. El 1 de agosto de 2023 se firmó devolver la explotación a la propiedad del Hotel Torre Azul y de resolver el acuerdo de alquiler. Esa decisión más tarde quedó en el aire y aún hoy está pendiente de que se resuelva un incidente concursal. El auto de Álvaro Latorre aprecia suficientes indicios de delito como para que Poveda pueda ser juzgada. Da un plazo de diez días a la acusación particular, que respresenta al empresario que explotaba el hotel y a la Fiscalía para presenten escrito de acusación. El auto no es firme y puede ser recurrido ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB. La apertura de juicio oral, casi automática en caso de que alguna de las acusaciones mantenga acciones penales contra la magistrada y lo pida, implicaría la suspensión de la jueza investigada.
En paralelo a la causa que tramita el TSJIB, existen otros dos procedimientos penales en sendos juzgados de instrucción por el mismo hotel. El primero, ya solo pendiente de juicio, parte de una querella de la propiedad por estafa contra el administrador de la sociedad que explotaba el hotel, que es a su vez quien acusa a la jueza. El segundo, más reciente, investiga la actuación de la administración concursal y de la propiedad en torno al auto de la magistrada que pone en duda el TSJIB. De concretarse la vista oral contra Bernal, se convertiría en la tercera magistrada enjuiciada en Balears, tras los juicios del ‘caso Móviles’ y el que condenó a nueve años al juez Manuel Penalva.
El Bad BoyPues en la calle no he visto a nadie con toga. Seria curioso el mundo que describes. Todo el mundo vestido con el uniforme de trabajo. Pocos jueces o juezas conoces, son un ciudadano más. Igual que médicos, notarios, arquitectos, pilotos etc... Tienen familia, tienen problemas, tienen ideologia, y su propia visión de como vivir la vida, que mientras entre dento la legalidad, no somos quien para juzgarlos.