Los arquitectos están de acuerdo con la intención del Govern de construir las 20.000 viviendas que permite el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico pero consideran que el texto aprobado en el Parlament tiene «alertas rojas» que deben ser corregidas. Lo hacen a través de un escrito de alegaciones que ha entregado el Col·legi d’Arquitectes de Balears en el Parlament para que el Govern las tenga en cuenta en el proceso de tramitación de decreto como ley.
Por ejemplo, señalan que, a pesar de la «encomiable» finalidad de la ley, surgen «algunas dudas» sobre la efectividad del método elegido para incentivar el desarrollo de los sectores. Afirman que las ventajas urbanizadoras del decreto son permanentes, no temporales, lo que puede hacer que los promotores no tengan ninguna prisa en hacer las viviendas una vez urbanizada la zona.
Creen que hay dudas razonables de que la Administración haga cumplir la ley y les obligue a construir «dado que es conocido que ninguna administración pública, de todos los tiempos y colores, ha utilizado las herramientas a su alcance, como la expropiación por razones de urbanismo».
Medidas fiscales
También afirman que la retención de suelo y la limitación de la oferta con fines especulativos podría combatirse con medidas fiscales y se preguntan si, por ejemplo, podría incrementarse progresivamente la tributación de las plusvalías generadas por el incremento del valor del suelo a partir de la fecha de incumplimiento del deber de edificar. También consideran «totalmente impropio» el escaso plazo de participación pública, de 7,5 días, «insuficiente para las partes interesadas».
Tal vez la duda más intensa tenga que ver con la posibilidad de ampliar la edificación en las zonas que ahora se urbanizarán ya que pueden implicar la supresión de zonas públicas y de servicios.
Problema de acceso
Entienden que un problema tan grave como el del acceso a la vivienda requiere de medidas contundentes, como las propuestas en el decreto. Entienden también que las propuestas del Govern implicarán ventajas para los promotores y dicen que pueden ser «admisibles si la sociedad obtiene a cambio un bien equivalente o mayor».
Consideran incongruente establecer un régimen extraordinario basado en ventajas urbanísticas permanentes para una finalidad urgente.
«Si este régimen extraordinario es permanente, sin fecha límite, se pierde la urgencia, ya que el promotor o la propiedad podrían retrasar su desarrollo sine die», alertan.
Los arquitectos aseguran, por último, que «comparten plenamente» el objetivo de fondo, pero también avisan de que el decreto del Ejecutivo autonómico promueve que las viviendas protegidas aún sean más pequeñas y se corre el riesgo de luxificación, de hacer viviendas de lujo, en las viviendas libres.
Anti-EspañolistoAvenidas para dentro es el centro de Palma, siempre ha tenido bares y negocios, que ahora sea más multicultural es cierto y vivo cerca del centro en mi zona todavía hay gente de toda la vida que somos menos pero tenemos esencia, de momento, lo que me refiero es que no se permita sólo y exclusivamente viviendas de lujo.