El asesinato en Badajoz de una educadora social por parte de tres menores de un centro de reforma ha levantado ampollas dentro del colectivo, que denuncia, entre otras cuestiones, la desprotección a la que están expuestos. Este miércoles salieron a las puertas en señal de duelo por la compañera y para reclamar una mejora de «las condiciones laborales de los profesionales, porque trabajan con niveles de violencia muy altos», sostiene presidenta del Col·legi d’Educadors Socials de Balears (CEESIB), Violeta Rojas.
«No queremos revictimizar a los menores, pero creemos que habría que reforzar al personal, que debe ser cualificado, porque trabajan con unos turnos muy largos, que no cuentan con una compensación correctamente remunerada. Además hay que revisar los protocolos de actuación para que los profesionales nos podamos sentir protegidos y podamos ayudar a las personas con las que trabajamos».
En este sentido, Rojas incide en que no se trata de cambiar los protocolos sino de «revisarlos y actualizarlos» y «a lo mejor, dar más apoyo psicosocial» a los profesionales. También, «mejorar las medidas de seguridad, que no implica más servicio sino que haya más rotación en los turnos». «El hecho de que estemos con falta de recursos va en prejuicio de las personas a las que atendemos», añade.
Aunque dentro de los centros de reforma mayoritariamente hay educadores sociales se trabaja junto a otros profesionales, entre ellos psicólogos; los cuales también mostraron su solidaridad y apoyo al colectivo de educadores: «Nos ponemos a su disposición para colaborar en cualquier iniciativa que contribuya a mejorar su protección y a reconocer la importancia de su labor, que es esencial para el bienestar social», manifestó el Col·legi Oficial de Psicologia de Balears (COPIB) en un comunicado.