El Govern está explorando fórmulas que le permitan prohibir el alquiler turístico en todos los edificios plurifamiliares de Baleares sin tener que afrontar en el futuro indemnizaciones millonarias. El objetivo del Ejecutivo es afinar al máximo la estrategia jurídica que debe guiar este paso para no dejar resquicios legales a las reclamaciones patrimoniales que podrían presentar los propietarios.
El equipo de Marga Prohens trabaja en diferentes medidas que enlazan con los objetivos de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad -que hoy entra en una segunda fase que se presentará en la Escuela de Hostelería- y que deben reconfigurar el modelo de desarrollo económico y paliar las externalidades negativas del turismo, entre ellas la saturación y -más indirectamente- el problema de la vivienda.
En las reuniones mantenidas a lo largo de la primera fase a través de los 12 grupos de trabajo, el Govern ha constatado cierto consenso en torno al alquiler vacacional en plurifamiliares y los inconvenientes que genera esta modalidad de alojamiento, tanto en términos de controles de calidad y seguridad como en lo relativo a las molestias vecinales. Su erradicación a la larga -ya está prohibido en Palma y en toda la isla de Ibiza, mientras que en Calvià está fuertemente limitado y zonificado- es vista como un objetivo prioritario, pero con todas las cautelas jurídicas necesarias para blindarse ante eventuales reclamaciones.
Abundan ejemplos recientes y cercanos de la deriva judicial que ha tomado la medida en diferentes territorios. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) presentó en 2018 una querella contra el ex alcalde de Palma, Antoni Noguera, por el veto al alquiler turístico en todo el municipio, querella que fue archivada por los juzgados un año después. Por otro lado, la patronal del sector en Barcelona, Apartur, reclama a día de hoy 1.000 millones de euros en indemnizaciones a la Generalitat por lo mismo. Las solicitudes de compensación agrupan a 1.500 propietarios y 254 empresas gestoras.
Más allá del consenso social y político generalizado en torno a esta medida, determinados sectores han estado presionando intensamente para vetar el alquiler vacacional en edificios de pisos, algunos de ellos con intereses y discursos aparentemente contrapuestos. Es el caso de entidades como el Fòrum de la Societat Civil o la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), centrados asimismo en las implicaciones negativas para el acceso a la vivienda.
De hecho, la patronal hotelera criticó duramente la «falta de valentía» del Ejecutivo balear el pasado octubre, cuando el paquete de medidas urgentes anunciado entonces no incluía la eliminación de esta modalidad de alojamiento turístico (se limitaba a prohibir la creación de nuevas plazas en caso de que se levantara la moratoria). Los hoteleros manifestaron su «decepción» ante lo que consideraban «una oportunidad de oro para devolver al mercado una inmensa bolsa de viviendas para uso residencial».
La inmensa mayoría de las plazas de alquiler turístico en plurifamiliares se concentran en Mallorca. Según los datos que figuran en el registro del Consell, la Isla cuenta con un total de 9.344 de estas plazas (menos del 10 % del total, unas 104.000) distribuidas en 2.212 establecimientos o edificios. A estas deberían sumarse las plazas ETV60, es decir, estancias turísticas en viviendas principales plurifamiliares y unifamiliares que pueden ser comercializadas durante 60 días al año y cuya licencia caduca en cinco años. No obstante, su volumen es marginal en comparación.
Las reivindicaciones del sector
Las prioridades del sector del alquiler turístico pasan por una agenda que poco tiene que ver con la que maneja el Govern. Los portavoces de Habtur expresaron ayer sus principales reivindicaciones aprovechando la presentación de la tercera edición de Habturalia -foro para la profesionalización y mejora del alquiler turístico- y de la presencia del conseller de Turisme en el acto.
«Hace años que pedimos lo mismo: queremos el levantamiento de la moratoria y que se nos permita conservar aquellas que están destinadas a desaparecer», señaló la gerente de Habtur, Maria Gibert, quien añadió a sus peticiones la persecución y erradicación de la oferta ilegal. Por su parte, el conseller, Jaume Bauzà, evitó pronunciarse sobre las medidas en las que se está trabajando y que deben anunciarse en las próximas fechas. «A partir de mañana haremos nuestra propuesta como Govern. No puedo anticipar nada por respeto a las entidades participantes en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad y que han continuado, que es la gran mayoría», aseveró.
Por otro parte, tanto Gibert como el presidente de Habtur, Antoni Barceló, señalaron que la próxima temporada «pinta bien» y que ha crecido significativamente el volumen de reservas anticipadas.
InterventorLa ley europea de libre comercio también es muy clara