Palma no permitirá nuevas plazas de alquiler turístico en el término municipal y de hecho promoverá su decrecimiento progresivo. El Ajuntament quiere poner coto a esta actividad en la ciudad y pretende que, antes de que se levante la moratoria en vigor, el municipio quede blindado normativamente de manera que se impida un aumento de la oferta de este tipo de alojamientos. Además, el objetivo es rebajar gradualmente el techo actual de plazas en viviendas vacacionales, extinguiendo definitivamente las que se vayan dando de baja.
Esta medida se articularía a través de una ley o mediante una modificación del Plan General vigente (según indican desde Cort, el planeamiento aprobado en 2023 contemplaba un crecimiento de entre 2.000 y 3.000 plazas de estancias turísticas en viviendas). En cambio, con las plazas hoteleras en Palma se quiere ser algo más flexible para permitir la reconversión de establecimientos obsoletos (es decir, que desaparezcan establecimientos de baja categoría y se creen a cambio otros de mayor calidad), pero manteniendo en cualquier caso una política de contención turística.
Oferta ilegal
A día de hoy en Palma hay registradas 4.331 plazas de alquiler turístico legal. Sin embargo, un estudio de 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a las viviendas publicadas en los portales AirBnB, Booking y VRBO arrojaba un resultado de 7.657 plazas en el municipio; esto implica que la oferta real en la ciudad ya era entonces prácticamente el doble que la regularizada. Las memorias del Plan General cruzaron este estudio con los datos oficiales y concluían que la oferta irregular se concentra en el centro histórico, el Eixample, el Litoral de Ponent y Platja de Palma. Además, el fenómeno se daba principalmente en edificaciones plurifamiliares, una tipología prohibida desde 2018.
En este contexto, el Ajuntament está explorando vías de colaboración con el Consell de Mallorca (que es quien ostenta las competencias de inspección turística) para combatir conjuntamente la oferta ilegal. La institución insular cuenta con una plantilla de 15 inspectores que se ven sobrepasados ante las dimensiones de la oferta turística ilegal, por lo que una de las opciones que están sobre la mesa es que la Policía Local pueda asumir funciones de control.
La idea no es exclusiva de Palma sino que se abordó ya hace unos meses en el seno de la Federación de Entidades Locales de Balears (FELIB). Los ayuntamientos se mostraron dispuestos a colaborar, aunque plantearon que la recaudación en multas tiene que repercutir en las arcas municipales. Por otro lado, el Ajuntament de Palma también apuesta por cooperar con el Consell en los cruces de datos necesarios para detectar más rápidamente y de forma automatizada la oferta irregular.
Hace sólo dos días el alcalde de Palma, Jaime Martínez, participó en la reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, donde uno de los temas centrales fue precisamente la incidencia de las viviendas de uso turístico sobre el territorio. La ministra destacó la ventanilla única de vivienda turística presentada por el Colegio de Registradores como una herramienta que puede aportar mayor transparencia y control.