«Ante las informaciones publicadas, reitero lo que dije respecto al cumplimiento de mi trabajo y mi compatibilidad. Estoy a total disposición de Función Pública para que se hagan las comprobaciones que se consideren oportunas», ha escrito este lunes en X la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera. Sus declaraciones se producen dos días después de que el Govern, que hasta entonces la había defendido, marcara distancias con su caso y anunciaran la apertura de un informe interno para comprobar si su situación es compatible.
Riera lleva más de una semana en el punto de mira por usar el tiempo de su horario laboral como funcionaria para tratar asuntos políticos, como ruedas de prensa, tertulias o actos de partido. Además de por el hecho de cobrar casi 130.000 euros anuales por tener una dedicación del 100 % como jefa del Servicio Público autonómico y del 75 % como portavoz 'popular'. Una situación y un sueldo que la oposición considera éticamente reprobables y que le impiden cumplir con sus horarios laborales.
El martes pasado la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas, defendió en una comisión parlamentaria la situación de Riera. «Se busca tirar por el suelo el nombre de una persona que siempre ha cumplido con la ley», aseguró, pero el pasado viernes el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, marcó distancias tras una semana en la que fueron apareciendo noticias sobre el absentismo de su compañera de partido. De hecho, el diputado socialista Marc Pons señalo en la comisión que en abril del año pasado la portavoz no acudió a su puesto de funcionaria durante 11 días y que en junio hizo lo mismo durante ocho días. Una afirmación que, hasta fecha de hoy, no se ha negado desde el Govern.
«Efectos positivos no tiene, ni para los funcionarios ni para la ciudadanía en general, y que creo que estoy siendo claro», admitió Costa el viernes tras el Consell de Govern. «Una cosa es la compatibilidad y otra que, dándose esa compatibilidad, no se haya cumplido con todos los términos. Por eso requiere un análisis interno para analizar la cuestión. Podría no haberse respetado y requiere un estudio», insistió. «¿La compatibilidad a día de hoy es legal? Sí. Otra cuestión es que alguien diga que se tiene que revisar, pero la compatibilidad de estos porcentajes es legal», añadió el portavoz del Ejecutivo.