Los portavoces de Més per Mallorca y el PSIB en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora y Catalina Cladera, anunciaron este jueves que impugnarán la subvención de 19,1 millones que la institución insular a abonado a la concesionaria del tratamiento de residuos Tirme por considerarla «un derroche de recursos públicos».
Ambos partidos presentarán dos reclamaciones a la modificación de crédito aprobada por el gobierno insular para abonar esa subvención, y, además, Més per Mallorca también tiene la intención de impugnar el acuerdo aprobado durante un pleno urgente y extraordinario. Antes de impugnar el acuerdo, las dos formaciones de la oposición formalizarán la reclamación alegando que se trata de una subvención a una tarifa que no existe porque no ha sido creada, de manera que el objeto de subvención no existe, algo que supondría vulnerar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Según la portavoz socialista, «la modificación de crédito de 19,1 millones de euros no está ni justificada ni motivada, supone una subvención encubierta y no se ajusta a la legalidad». Para Cladera esta aportación extemporánea de financiación a una empresa que debería regirse por lo estipulado dentro del contrato de concesión supone «despilfarro de recursos públicos, y demuestra la incompetencia de Galmés a la hora de negociar la tarifa», dijo sobre el presidente, Llorenç Galmés.
El portavoz de Més criticó la «nefasta gestión» del actual gobierno insular al que ha acusado de negociar «de forma pésima» con Tirme. Y explicó que la concesionaria incrementó la tarifa de los 114 a los 176 euros por tonelada y que el pasado año la propuesta era pasar de 202 euros por tonelada a 114, por lo que se abonaron 43 millones. «Ahora, pasar de 176 euros por tonelada a 114 nos va a costar 37; todo ello es un despropósito pagar en dos años más de 100 millones de euros», concluyó.
El PP se defiende
La portavoz ‘popular’, Núria Riera, salió a rebatir estas críticas alegando que la aportación servirá para «congelar» la tarifa y «proteger el bolsillo de los mallorquines», al mantenerla en los 114 euros por tonelada actuales. Defendió que las modificaciones de crédito «no son ninguna novedad» porque se hizo durante la pasada legislatura, aunque jamás en estas proporciones.