«¿Son todos los funcionarios de la CAIB una panda de gente abúlica y sin voluntad que se dejan influir?». El abogado de Carlos Delgado, Miquel Arbona, defendió en el final del juicio del ‘caso Calanova’ que el amaño del concurso nunca se produjo ante la intervención en el proceso de múltiples órganos de contratación y empleados públicos, «cada uno con su criterio». «¿Eso lo hace alguien que quiere amañar un concurso?».
Las defensas rechazan que existan pruebas de un concierto entre Delgado y su actual socio de despacho, Carlos Gelabert para amañar el concurso. Buena parte de los informes estuvieron dedicados al papel de la Abogacía de la Comunitat en el proceso, «una postura incoherente», según el abogado José Antonio Choclán, que defiende a los responsables de Port Olímpic Calanova. «Si hubo un error en el consejo de administración lo indujo la Abogacía de la Comunitat», dijo en torno al aval de la representante de este órgano a la adjudicación.
Las defensas también esgrimieron un informe jurídico del año 2015 firmado por la entonces y ahora jefa de la Abogacía, Antonia Perelló Jorquera, que respalda la legalidad del expediente. En base a este documento descartan la existencia de una prevaricación.
El otro flanco que las defensas rechazan es la existencia de un vínculo entre Delgado y Gelabert suficiente como para justificar un trato de favor y un tráfico de influencias. Sobre la presencia del segundo en la empresa que ganó el concurso, Port Olimpic, defienden que era legítima y que buscaba permanecer en la empresa, no camuflar un favor. «Si quieres pagar para qué se meten en ese jardín de transmisión de acciones cuando era más fácil pagar por una prestación de servicios», planteó Arbona. El abogado de Delgado también atacó la credibilidad de una de las testigos de cargo, la antigua pareja de Gelabert.
En el turno de última palabra, ninguno de los acusados habló. El juicio quedó visto para sentencia. Las acusaciones reclaman una condena de un año y nueve meses de cárcel para Carlos Delgado por delitos de prevaricación y de tráfico de influencias por la tramitación del concurso, en el año 2013. Además de este proceso penal, una de las empresas que perdió el concurso mantiene abierto un contencioso contra la adjudicación que espera la sentencia de este juicio.
El apunte
Un juego de «pillos» que se saldó con 400.000 euros
«Un juego de pillos». Así definió el abogado Jaime Campaner, que representa al socio de Galabert en la operación, el movimiento que llevó a ambos a vender sus acciones en Port Olimpic por 400.000 euros en apenas 50 días. Todas las defensas rechazan que sea un pago por la adjudicación sino que lo atribuyen a una lucha por el control de la sociedad que en ese momento tenía Gelabert como administrador.