Los funcionarios del Estado en Baleares protestarán la próxima semana en Palma por la crisis de Muface, ya que las aseguradoras no han llegado a un acuerdo con el Gobierno y dejarán de darles cobertura sanitaria a los empleados públicos a principios de 2025. También termina el convenio de ISFAS y MUGEJU, aunque estos prestan servicio a menos trabajadores públicos y si repercusión es menor.UGT y CCOO se reúnen este martes en la capital balear para concretar la fecha de la movilización y, posteriormente, se la plantearán al resto de sindicatos.
Inicialmente, la fecha prevista es el próximo 11 de diciembre a las 20:00 horas en Palma, ante el edificio de Muface, ubicado en la calle Miquel Capllonch. Si se confirma, tendrá lugar el mismo día que la protesta estatal, que se celebrará en Madrid y ha sido convocada por UGT, CCOO, Anpe, USIE, UFP y Adide.
Tras quedar desierta la primera licitación, el Gobierno ha convocado este próximo 4 de diciembre a las aseguradoras para que expongan el precio al qué prestarían el servicio. Ante esta situación, la preocupación es máxima, ya que el contrato en vigor finaliza el próximo 31 de diciembre y DKV, Asisa y Adeslas han comunicado que no quieren seguir prestando este servicio. De hecho, Adeslas ha enviado una carta a sus asegurados en el que les comunica que el próximo 31 de enero dejará de prestarle servicio. El secretario de la administración general del Estado de UGT en Baleares, Fernando Martorell, advierte que eso no es posible, que la ley establece que la cobertura médica de los funcionarios debe estar cubierta en los nueve meses posteriores a la finalización del contrato. Por tanto, en este caso concreto lo estaría hasta septiembre de 2025.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su deseo de que en un futuro todos los funcionarios públicos puedan acogerse al sistema público de salud, en una apuesta clara por lo público frente a la iniciativa privada. Sin embargo, los sindicatos advierten que actualmente no es posible, ya que «el sistema de salud pública colapsaría». Sólo en Baleares supondría la incorporación de 15.000 personas más y cerca de 1,5 millones en el conjunto del Estado.
Impacto en la salud pública balear
La consellera de Salut, Manuela García, ha advertido que asumir a los funcionarios de Muface tendría «importantes repercusiones en la sanidad pública balear». En este sentido, ha explicado que «no es únicamente una cuestión económica; es también un asunto de espacios, de infraestructuras, impacto presupuestario, mayor tensión en la Atención Primaria, hospitalaria, listas de espera…». Por ello, ha apelado a la responsabilidad del Gobierno central para que negocie y reconduzca este situación.
El presidente del Col·legi Oficial de Metges de Baleares, Carles Recasens, ha avisado que «asumir a los 18.000 funcionarios de Muface en Baleares aumentará las listas de espera y mermará la calidad de la sanidad pública balear». No obstante, ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que ha asegurado que «el sistema de salud público balear no colapsará», aunque sí ha insistido en que su calidad sí empeorará.