La normativa urbanística prohibió ya en el año 2004 en Baleares la construcción de viviendas y equipamientos en zonas inundables del suelo rústico en Baleares, pero las Areas de Protección de Riesgos (APR) amplían las restricciones de edificación a la trama urbana.
Las zonas inundables están definidas en el Pla Territorial de Mallorca (PTM) cuya aprobación definitiva data de 2004. Lo que hizo el Pla Territorial fue ampliar una idea que ya estaba recogida en las antiguas Directrices de Ordenación del Territorio. A partir de su entrada en vigor se establecen cuatro Areas de Protección: Erosión, deslizamiento, incendios e inundaciones. No obstante a día de hoy solo se han desarrollado las Areas de Protección de Riesgos de Inundación y de Riesgos de Incendios. Las de deslizamientos y erosión aún están pendientes.
La delimitación de las zonas inundables de Mallorca se hizo con una cartografía muy limitada. Son figuras urbanísticas que definen la construcción en zonas no urbanas pero no entran en el interior de las ciudades y pueblos. Lo que hacen la Areas de Protección de Riesgos es dar continuidad a las zonas inundables del rústico siguiendo el flujo natural del agua hacia el suelo urbano y viceversa.
Así, por ejemplo, una parte del Hospital Comarcal de Inca fue construida en su momento en suelo rústico inundable, previa declaración del interés general de esta infraestructura estratégica. Lo curioso del caso es que el centro hospitalario ocupa parte del cauce del torrente que está canalizado bajo la Gran Vía Colom, una de las principales avenidas de Inca por la densidad de población que reside en ella.
Tras la aprobación de las Áreas de Protección de Riesgos, la construcción de viviendas, locales o equipamientos en esta calle, requiere sobre el papel, un informe favorable del departamento de Recursos Hídricos del Govern que es quien tiene la última palabra. Lo mismo ocurre en el resto de zonas de riesgo de inundación de otras ciudades y pueblos de Mallorca que están en las proximidades de las antiguas zonas húmedas.
La figura de prevención de riesgos, mucho más nueva, se ha delimitado con sistemas de medición mucho más completos y actualizados. Más recientemente el Gobierno central ha añadido las nuevas ARPSI, con cartografías aún más detalladas.
Los expertos explican que lo ideal es hacer estudios hidrológicos tan detallados como sea posible. No es lo mismo barrer la Isla con un modelo digital tridimensional que detecta zonas potencialmente inundables que hacerlo con sistemas que permiten tener un mayor detalle.
Por eso encontramos distintos ejemplos a lo largo de la geografía de las Islas de áreas de riesgo de inundación que no se ven correctamente reflejadas en la cartografía. Hace aproximadamente un año, cuando Recursos Hídrics informó en contra de la reconversión de la antigua fábrica de tapices de Can Morató en Pollença en la sede sociocultural de Caixa Colonya, optaron por volar un dron sobre el torrente para saber con mayor certeza cómo se comporta esta zona y han conseguido desencallar las obras.
En la práctica lo que importa no es tanto la figura urbanística que se utilice sino saber si la zona se inunda o no y en qué circunstancias se produce el riesgo. Las imágenes captadas desde avionetas o satélites (que son las que empleó Recursos Hídricos) son menos precisas que las que se toman con un dron. Estamos hablando de que la diferencia de resolución puede pasar de un metro a un centímetro.
Los cambios normativos y de planimetría dan más seguridad a la ciudadanía frente a posibles inundaciones pero a la vez ha provocado un atasco en los servicios de Recursos Hídricos. Licencias de obra, incluso en el suelo urbano, quedan paralizadas pendientes de informe durante dos años o más.
Los arquitectos y especialistas en planificación urbanística de Baleares trabajan habitualmente con los mapas del IDEIB (Institut Cartogràfic i Geogràfic Illes Balears) que permiten mirar las zonas inundables. El inventario que ha hecho más recientemente el Ministerio de Cambio Climático no solo dibuja estas áreas de inundación sino que refleja cuántas edificaciones de uso público están en riesgo en cada territorio de España.
Los arquitectos están divididos entre aquellos que defienden el aumento en la prevención de riesgos en el suelo urbano y aquellos que sostienen que en zonas ya edificadas no tiene sentido prohibir o limitar la construcción. El debate de fondo es si debemos seguir construyendo viviendas pero también equipamientos (hospitales, escuelas, zonas deportivas...) en zonas de riesgo de inundación dentro de los cascos urbanos o si es hora de sacrificar algunos de esos suelos para garantizar la seguridad. Hay arquitectos que opinan que este «sacrificio» de suelos urbanos o urbanizables podría dar lugar a indemnizaciones futuras para los propietarios que ven reducido su aprovechamiento.
Elevar la cota de edificación en zonas de riesgo asegura que en caso de que haya alguna riada esas edificaciones queden por encima del nivel del agua. La solución parece sencilla, el problema se da en la práctica cuando esas nuevas cotas superan los límites que marcan las normativas municipales vigentes en las ciudades y pueblos de las Islas. Veinte centímetros pueden marcar la diferencia.