El PP en el Consell de Mallorca exige al Gobierno de España la derogación de la obligatoriedad de la implantación de la tasa de residuos contemplada en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En concreto, la normativa impone a los municipios la obligación de cubrir el 100 % del coste de la recogida y tratamiento de residuos mediante una tasa, «una medida atenta contra la autonomía municipal y castiga a los ciudadanos con un aumento de la carga fiscal».
Cabe destacar que los alcaldes de Baleares también han expresado su desconcierto porque no saben cómo aplicar la subida de la tasa de basuras que ha aprobado el Gobierno de España en base a una directriz europea. El presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB), Jaume Ferriol Ferriol, asegura que es imposible saber su coste, puesto que varía cada año en función del volumen y el tipo de desechos generados por los residentes en un municipio. Además, destaca que se trata de una cuantía muy diferente, en función de cada localidad.
El PP de Mallorca comparte la preocupación de los ayuntamientos y el portavoz adjunto del partido, Bernat Vallori, acompañado de la portavoz, Núria Riera; el alcalde de Santa Maria, Jaume Ferriol; la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer; el alcalde de Sóller, Miquel Nadal; y el alcalde de Estellencs, Bernat Isern; han presentado una moción pidiendo la derogación de la obligatoriedad de la implantación de la tasa de residuos. Además, se hará extensiva a todos los municipios de la Isla.
El portavoz adjunto destaca que «los municipios de Mallorca han sido líderes en la implementación de políticas de economía circular y en la gestión sostenible de los residuos». Sin embargo, advierte que «el cambio impulsado por el Gobierno central supone un riesgo para los logros alcanzados, ya que obliga a los municipios a trasladar el coste completo del servicio de residuos a los ciudadanos». «Desincentiva el reciclaje porque cualquier mejora en el servicio que quiera hacer un alcalde deberá trasladar el gasto a los vecinos».
Vallori denuncia que «la imposición del ejecutivo central representa una invasión de las competencias locales y una vulneración de la autonomía municipal, limitando la capacidad de los ayuntamientos para ajustar la política fiscal a las necesidades de sus comunidades y aliviar la carga fiscal». Por ello, el PP de Mallorca insta a Pedro Sánchez a «reconocer y respetar la autonomía de los municipios para establecer sus propios tributos».
Asimismo, propone que el Gobierno realice «un estudio exhaustivo para definir el coste real del servicio y desarrolle un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, que ayude a los municipios a cumplir con los objetivos europeos y nacionales de sostenibilidad». En conclusión, «desde el PP defendemos la necesidad de apoyar la autonomía municipal y promover una gestión de residuos que sea sostenible y justa, al tiempo que proteja la economía de las familias y las competencias de las instituciones locales».