Sergio Nasarre (Tarragona, 1974) es catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra Unesco de Vivienda en la Universitat Rovira i Virgili, también en Tarragona. Este jueves participará en las X Jornadas Pau Bonet, organizadas por el Colegio de Administradores de Fincas de Baleares, con la ponencia Los efectos de la ley de vivienda: de propietarios a okupas.
¿Cuáles son los efectos de la ley estatal de vivienda, de 2023?
— Dificulta el acceso a la vivienda, la extrae a los propietarios y protege a los okupas. Los resultados son contrarios a los objetivos. He sido invitado en varias ocasiones a la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados y siempre he advertido de esos efectos.
Esos efectos tienen derivadas más concretas y tangibles, ¿no?
— Sí, una subida exageradísima de los alquileres, un aumento significativo de los precios y, en definitiva, un bloqueo de todo el sistema. Las familias no pueden comprar ni alquilar, y tienen que compartir habitaciones. Aun con ingresos, quedan fuera del mercado inmobiliario.
Entonces, ¿qué hacemos con la ley?
— Lo mejor sería derogarla para posibilitar la oferta y hacerla asequible, no impedir que las familias con menos ingresos puedan ser propietarias. Actualmente, el 47 % de las familias españolas vive en casas propias con hipoteca pagada, un dato muy superior al de muchos países europeos.
¿El límite de los alquileres no es efectivo?
— Supone un control de las rentas, pero es que ha funcionado mal en todos los países donde se ha implantado. La vivienda no sólo no sale al mercado, sino que se retira. No hay que insistir en políticas fracasadas, pero a los responsables les da igual. Con la ley catalana, se han incrementado muchísimo las ayudas al alquiler con dinero público, pero eso constata un fracaso. Las familias dependen permanentemente de esas ayudas para que no las saquen de sus casas. No me parece la situación ideal.
No parece que haya soluciones realmente efectivas.
— Efectivamente, no hay recetas mágicas, pues sobre la asequibilidad de la vivienda intervienen hasta 38 factores, desde internacionales hasta las condiciones de la propia familia.
Aun así, ¿qué medidas habría que tomar indefectiblemente?
— La cohesión territorial, que significa no concentrar todas las oportunidades en unas pocas ciudades, pues en ellas los precios son carísimos; la diversificación de la propiedad, como por ejemplo la compartida y la temporal, que sí funcionan en otros países; y evitar que el Estado pueda decidir qué tienes que hacer con tu vivienda. La propiedad nos protege frente a los poderosos y nos hace menos vulnerables, pero para ello hay que tener seguridad jurídica.
¿Qué pasa con los okupas?
— Antes de la ley, los jueces señalaban desalojos a siete meses; ahora lo hacen a dos años. Un inquiokupa puede estar dos años sin pagar y los requisitos para desalojar son muy complicados. Los jueces hacen lo que pueden ante unos okupas que tienen protección legal y han salido reforzados, lo que no ocurre en ningún país. Es verdad que el número de okupaciones ha descendido, pero es porque las existentes se han consolidado y el desalojo es difícil.
¿Qué le parece el programa Lloguer Segur de Baleares?
— Me parece bien porque es voluntario, no forzoso y aporta seguridad jurídica al propietario. No funciona con prohibiciones ni sanciones. El Govern garantiza unos ingresos mínimos y la integridad de la vivienda. En lugar de castigar, incentiva. En Catalunya hay un sistema similar y ha funcionado muy bien.