La delegación balear del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Llevant, dirigida por Felip Gelabert, ha presentado a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural un documento con las propuestas del colectivo a la futura Llei Agrària de les Illes Balears, que prepara el departamento encabezado por Joan Simonet (que precisamente es ingeniero agrónomo).
Entre las propuestas presentadas destaca la que apela a «la necesidad de preservar el carácter rural del territorio balear». Según los colegiados, «las políticas deben dar prioridad a la conservación de las tierras agrícolas y evitar la conversión de éstas en usos residenciales desvinculados de la actividad agraria y rural. Mantener el uso agrario del suelo es fundamental para proteger el paisaje, preservar el patrimonio cultural y asegurar que la actividad agrícola sigue siendo una opción viable en el futuro».
El colegio profesional señala que el documento presentado busca «establecer un marco normativo que garantice la sostenibilidad y viabilidad del medio rural, respondiendo a la fase de consulta pública del anteproyecto de ley».
Los ingenieros agrónomos indican que «las medidas propuestas pretenden devolver al sector agrario balear la relevancia que merece, fomentando su capacidad multifuncional y potenciando su papel como elemento clave en la preservación del entorno».
En este sentido, Felip Gelabert destaca que «el objetivo es proporcionar un marco normativo que permita a los agricultores desplegar todo su potencial, asegurando que la renta generada por las actividades que puedan realizar en sus explotaciones sea competitiva frente a otros usos del suelo».
En este sentido, otra de las propuestas se refiere al «fomento de la multifuncionalidad agraria, entendida como la capacidad de las explotaciones para diversificar sus fuentes de ingresos y rentabilizar las externalidades positivas que genera la agricultura. Para ello, se proponen incentivos que permitan a los agricultores desarrollar actividades complementarias. La simplificación de trámites y la eliminación de trabas burocráticas serán esenciales para que estas actividades sean realmente viables y atractivas para los agricultores».
En cuanto a las inversiones, los ingenieros agrónomas también reclaman más claridad normativa y simplificar los procedimientos administrativos. Así, consideran imprescindible que «la nueva ley incluya un artículo con definiciones exhaustivas que aporten seguridad jurídica y clarifiquen los usos permitidos en suelo rústico. Esto no sólo favorecería la actividad agraria, sino que también facilitaría la integración de actividades complementarias, creando un entorno normativo más atractivo para los jóvenes que deseen incorporarse al sector».
Las recomendaciones de los colegiados se sustentan en un análisis de las políticas europeas de desarrollo rural, tomando como referencia la experiencia acumulada a lo largo de distintos periodos de la Política Agrícola Común (PAC). «Las lecciones aprendidas han sido fundamentales para elaborar un enfoque adaptado a las necesidades específicas de Baleares», apuntan.