El Govern prevé sacar al mercado unos 2.000 pisos a un precio máximo de alquiler de 1.050 euros en Mallorca y Menorca, y de 1.470 en Ibiza y Formentera. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado el lanzamiento del nuevo programa Lloguer Segur a partir de noviembre para comenzar a captar viviendas vacías o sin uso residencial de pequeños propietarios particulares, lo que excluye a los grandes tenedores. Se espera que en noviembre ya comiencen a alquilarse los pisos. El Govern alquilará estas viviendas a precio de mercado tras una valoración oficial, que no podrá superar el precio máximo de 1.500 euros en Mallorca y Menorca y de 2.100 en Ibiza y Formentera. Después rebajará el precio a los inquilinos hasta un 30 % del precio inicial.
«Con este programa queremos romper la barrera que frena a muchos propietarios de pisos vacíos que, como nos dicen los agentes de la propiedad inmobiliaria, prefieren tener la vivienda vacía por miedo a impagos, desperfectos o malas experiencias», ha dicho la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la presentación. Se trata de captar viviendas de pequeños propietarios que tendrán la opción de cobrar la renta de manera mensual, un adelanto anual o incluso cobrar la cantidad completa del programa, que durará siete años y que tendrá un coste de unos 12 millones al año.
A su vez, el Govern destinará las viviendas a ciudadanos residentes con cinco años o más de residencia en Baleares. Entre otros requisitos, también se establece que las viviendas deberán ser la vivienda habitual y permanente del nuevo inquilino durante la vigencia del contrato, por lo que no podrá destinar esta vivienda a otro uso como el alquiler turístico. El Govern fijará unos precios máximos de alquiler que abonará a los propietarios y aplicará una reducción de hasta el 30% de la que se beneficiarán los inquilinos.
El Govern pagará al propietario de la vivienda un precio tasado por agentes de la propiedad inmobiliaria, que deberá ser validado por el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears (COAPI). Por otro lado, los propietarios que se adhieran podrán optar a aplicarse desgravaciones fiscales en la declaración del IRPF mediante la reducción del 70 % que establece la Ley estatal por alquilar vivienda social a las administraciones.
Condiciones
Para poder ser beneficiario de estas viviendas, se establecen unos límites de ingresos de renta de las personas inquilinas; deberán empadronarse en la vivienda alquilada y se exigirá la misma o casi idéntica documentación que en el caso de un alquiler particular, como el contrato de trabajo, aval, IRPF de años anteriores, además del pago de la fianza (una mensualidad). Este límite de ingresos ampliado, tal como se aplica en el programa Garantía Hipoteca IBAVI de ayuda para acceder a una hipoteca de compra de vivienda, permitirá optar a las viviendas del programa Lloguer segur a personas con un máximo de ingresos anuales de 6,5 veces el IPREM ponderado: actualmente 60.667 euros para un inquilino y 68.250 euros para dos inquilinos.
Entre las condiciones para los inquilinos, también se establecerá contractualmente la obligación de, al finalizar el alquiler, devolver al propietario la vivienda en las mismas condiciones en que se recibió el inmueble. Como norma general, los arrendatarios no podrán ser propietarios ni titulares de un derecho real de uso o disfrute, de una vivienda en la isla donde se desea alquilar la vivienda. El arrendatario no podrá tener parentesco hasta tercer grado con el propietario.
Los inquilinos no podrán subarrendar las viviendas y asumirán los gastos de los servicios y suministros individualizados, las pequeñas reparaciones por uso ordinario y la tasa de residuos (incineradora). Por su parte, los propietarios asumirán el impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), las tasas de entrada de vehículos en su caso y las cuotas de comunidad; y en caso de una vivienda amueblada y/o con enseres, el coste de posibles reparaciones y del mantenimiento que no sean imputables al inquilino particular; y también se establece como requisito que no tengan deudas con la comunidad.
El Govern impulsa esta iniciativa en colaboración con el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears y el Col·legi d’Administradors de Finques de les Illes Balears, tanto para el desarrollo y la gestión del programa como para la administración, gestión y seguimiento de los contratos de arrendamiento que se deriven del mismo. José Luis Artieda, presidente del Colegio d’Agents de la Propietat, ha asegurado que el programa tendrá una gran acogida y pondremos los recursos para que los ciudadanos tengan información. «Trataremos de captar viviendas vacías y, para que no haya especulación, trataremos de incentivar a los propietarios para que se incorpores al programa aunque este alquiler sea más barato», ha dicho.
l presidente del Col.legi d’Administradors, Antoni Jaume, ha valorado el programa y, si bien ha dudado de que existan 100.000 viviendas vacías en las Islas, ha señalado que aunque solo salgan al mercado un 5 %, ya será un éxito. También ha dicho que servirá de «dique de contención» a los precios. Ha señalado que esperan tener viviendas este mismo mes de noviembre. Los mediadores cobrarán 1.500 euros por cumplir todo el proceso para cada piso.