Investigaciones de violencia de género paralizadas durante más de un año por la falta de informes forenses. Los jueces especializados de Palma han remitido a través de la decana una queja a la Sala de Gobierno del TSJIB por el «retraso injustificado» en dos tipos de informes claves en algunos procedimientos y que tiene que elaborar el Instituto de Medicina Legal.
Las demoras afectan en primer lugar a las valoraciones integrales de riesgo, un estudio psicológico que sirve para evaluar el peligro para la víctima tras la denuncia por maltrato. El retraso, en algunos procedimientos supera el año y se concentra en los juzgados de Violencia de Género 1 y 2 de Palma. El tercero, de creación reciente aún no ha acumulado tales demoras. Los titulares de ambos juzgados han elaborado un informe en el que enumeran las causas en las que se ha constatado ese retraso injustificado.
El segundo tipo de informe en al que afectan estas demoras son las evaluaciones psicosociales. Estos se centran en la situación de menores de edad cuyos progenitores están en un proceso de divorcio y se emplean para decidir cuestiones como el tipo de custodia o el posible régimen de visitas del menor. El retraso en la emisión de estos informes afecta también a los Juzgados de Familia, que también han tramitado en otras ocasiones quejas similares por retrasos.
La Sala de Gobierno ha dado traslado de los informes a la dirección del Instituto de Medicina Legal. El organismo ha atribuido estos retrasos en la elaboración de informes a la falta de personal y de forenses. Recientemente se han incorporado nuevos médicos a la clínica. También, el Ministerio ha designado un coordinador en Madrid para que ejerza como interlocutor entre los órganos judiciales y la clínica. Otro conflicto recurrente entre los juzgados y el instituto tiene que ver con los procedimientos de incapacidad que se siguen en los juzgados de lo Social. La tardanza en estos informes ha provocado numerosas suspensiones de vistas al carecer el juez de una prueba clave para saber si un trabajador tiene derecho a una incapacidad o no, con el problema añadido de que se trata de órganos judiciales muy saturados y que señalan las vistas casi a años vista. Una suspensión provoca retrasos muy prolongados sobre la petición de los trabajadores.
En este caso, la dirección de la clínica forense ha replicado que se solicitan más evaluaciones de trabajadores en Baleares que en otros territorios que dependen del ministerio y que eso, junto con las carencias en la plantilla del instituto explican los retrasos.