El juez que investiga el caso Koldo, sobre una serie de adjudicaciones públicas de mascarillas en pandemia, ha solicitado al Servei de Salut de Baleares y al organismo homólogo de Canarias una copia de todos los buzones del correo electrónico corporativo de dos exaltos cargos. Se trata de Antoni Mascaró, exsubdirector de compras y logística y de Juli Fuster, exdirector general del IB-Salut. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado este martes esta medida en respuesta a la petición formulada en este sentido por la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado también ordena que le remitan toda la documentación sobre los contratos adjudicados por Baleares y Canarias a Soluciones de Gestión que no se hubiesen proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción. Por otro lado, el instructor de la causa ha citado a declarar en calidad de testigos a dos inspectoras que participaron en la auditoría encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, así como a un alto cargo de Interior.
Moreno ha acordado este martes en diversos autos una batería de diligencias en el marco de su investigación por el presunto cobro de comisiones en torno a esas adjudicaciones, en la que figura como imputado Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Una de ellas, a petición de la acusación popular Liberum, consiste en citar a declarar como testigos a dos inspectoras que participaron en el informe de auditoría que encargó Puente sobre los contratos adjudicados por entidades dependientes de su departamento.
Además de ellas, el juez también quiere oír la versión del director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez. El nombre de este alto cargo del Ministerio del Interior salió en la declaración como testigo que prestó el que era subsecretario de la Secretaría de Estado de Seguridad en el momento de los hechos, quien dijo que Rodríguez le indicó que se pusiera en contacto con la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama.
La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior fue uno de los organismos que adjudicó un contrato de mascarillas a esta empresa, cuantificado en 3,4 millones de euros, en 2020. Otros cargos públicos comparecerán como testigos ante el juez, en una fecha aún por determinar. En concreto, Ismael Moreno ha citado al jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes en el momento de las adjudicaciones y al ex secretario general de Correos.
Con sus declaraciones y la del presidente de la empresa Raminatrans, que distribuyó parte de la mercancía adquirida, el juez investigará, a petición de Liberum, la falta de justificación de la recepción de las mascarillas que adjudicó Puertos del Estado y Adif. Y, respecto a otro de los principales investigados, el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, el juez ha pedido a la Agencia Tributaria que investigue las cuotas que eventualmente no habría pagado a Hacienda ni él ni la empresa Soluciones de Gestión en 2020.