En su sexto informe de evaluación de la situación lingüística de España, el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa (organización internacional dedicada la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, no confundir con el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europa, órganos comunitarios) ha observado déficits en la protección del catalán en Baleares.
En su análisis de la situación lingüística de las Islas, el comité hace una serie de recomendaciones «para la acción inmediata».
En líneas básicas, estas recomendaciones son «garantizar que la educación en catalán esté disponible en todos los niveles, tomar medidas para el uso del catalán en los centros sociosanitarios, que los hablantes en catalán puedan interactuar en esta lengua con los organismos locales de la Administración estatal y que los tribunales realicen investigaciones penales, civiles y administrativas en catalán a petición de una de las partes, asegurando que se ponen en práctica».
Tras las recomendaciones «para la acción inmediata», el comité de propone otras actuaciones: «elaborar y hacer públicos datos desglosados sobre el número de procedimientos penales, civiles y administrativos realizados en catalán, tomar medidas para establecer una versión del Boletín Oficial del Estado en catalán -dejó de publicarse en esta lengua en 2021- y garantizar la posibilidad de utilizar el catalán en la prestación de servicios públicos».
El Consejo de Europa expone estas recomendaciones tras observar cambios respecto a la evaluación anterior, de 2017. Los expertos reconocen que, con carácter general, en Baleares se ha facilitado y fomentado el uso del catalán en la vida pública y privada, pero han detectado cambios que pueden afectar a la protección de la lengua propia de las Islas.
El primero es que «los centros educativos concertados (privados con financiación pública) no imparten una enseñanza del catalán de acuerdo con la demanda de los hablantes». El informe afirma no disponer de datos sobre enseñanzas técnicas y profesionales.
También se destaca que «los organismos encargados de supervisar los progresos realizados en la enseñanza del catalán no elaboran en la práctica informes periódicos regulares sobre la situación de la lengua».
Igualmente, se indica que «si bien es formalmente posible usar el catalán para una persona acusada o litigante en los tribunales, se observa la ausencia de aplicación práctica de este derecho», y se apela a recibir directamente emisiones de radio y televisión en catalán de otros territorios.