El Colegio de Aparejadores de Mallorca avisa a las comunidades de propietarios y titulares de viviendas de que se ha detectado un «buzoneo agresivo» en la Isla en el que que, imitando el formato de las comunicaciones oficiales que realizan los ayuntamientos, se informa de la obligatoriedad de pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) antes de que finalice 2024 para evitar sanciones de hasta 1.500 euros.
Las cartas están llegando incluso a los residentes de algunos municipios que aún no exigen oficialmente la que se conoce popularmente como la ‘ITV de la vivienda’. Los aparejadores sospechan que detrás de este «buzoneo tendencioso» no solo hay una «campaña comercial agresiva». Advierten de que el propietario que contrate el servicio con el remitente se puede encontrar con que el objetivo final no sea cobrar por el servicio de Inspección Técnica de Edificios sino obtener un enriquecimiento ilícito añadido con la ejecución de obras de reforma que podrían no ser realmente necesarias.
«Sabemos que algunas de estas sociedades que realizan buzoneos agresivos están vinculadas a empresas de reparación», explica Mateu Moyà, secretario técnico del Colegio de Aparejadores de Mallorca. «Juegan al despiste para captar nuevos clientes», avisa.
Aunque la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB) regula en su artículo 125 la Evaluación de los edificios e inspección de construcciones y edificaciones, lo cierto es que a día de hoy solo los ayuntamientos de Palma, Manacor, Marratxí e Inca han aprobado en Mallorca las ordenanzas que marcan el calendario obligatorio y las posibles multas, e Inca no aplica la suya todavía.
Es precisamente en Inca donde han saltado las alarmas. Carlos Mena, Jefe del departamento municipal de Urbanismo, explica que «Una empresa privada, aprovechando la ordenanza municipal aprobada hace dos años y que está colgada en la web del Ajuntament, busca un beneficio empresarial a través de un buzoneo, cuando el Ajuntament, por una cuestión logística, aún no ha iniciado su campaña y en este momento no hay riesgo de multas».
El regidor de Urbanismo de Inca, Andreu Caballero, explica que el propio Ajuntament irá avisando por carta a los primeros vecinos que tendrán que pasar la ITE. «Enviaremos una carta oficial y pondremos los términos en que se tiene que hacer la revisión. Es verdad que habrá que contactar a un técnico, pero todo hay que hacerlo a su debido tiempo y en el orden que toca, porque al final algunas de las cartas que se están recibiendo parecen un requerimiento oficial y generan dudas», dice el regidor de Urbanismo de Inca. «El primer año, una vez entre en vigor, la inspección de edificios de Inca solo se aplicará a los edificios construidos antes del año 1900», aclara.
Accidentes mortales
La medida incluida en la Llei d’Urbanisme de las Illes Baleares busca garantizar mediante inspecciones la seguridad, no solo dentro de las viviendas, sino también a pie de calle, detectando y reparando daños estructurales o desprendimientos de elementos en la fachada. Son muchos los accidentes de este tipo registrados en toda la geografía nacional. En Baleares el peor caso registrado fue la muerte de un niño de cuatro años que veraneaba con sus padres en el Port de Pollença en agosto de 2005 cuando una persiana mallorquina se desprendió de una fachada golpeándole de lleno en el cráneo. Murió en el acto.
Sobre el papel, la presentación del informe es obligatoria con independencia de si el municipio ha regulado mediante ordenanzas el calendario de aplicación, las posibles sanciones y el modo en que tiene que hacerse este trámite. Así lo confirma la Conselleria de Vivienda del Govern. No obstante, en la práctica, los municipios sin ordenanza no exigen la Inspección Técnica de Edificios ni imponen multas.
Desde la entrada en vigor de la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears (en enero de 2018) están obligadas a presentar el informe las personas propietarias físicas y jurídicas o las comunidades de propietarios de edificaciones con una antigüedad superior a 30 años (en el caso de la evaluación del estado de conservación) o 50 años en el resto de casos. No basta con presentarlo una vez, el Informe de Evaluación de Edificios debe renovarse cada diez años.
La obligatoriedad de pasar la ‘ITV de la vivienda’ no es exclusiva de Baleares. En Mallorca, Palma fue el primer municipio en implementar esta medida, antes incluso de la aprobación de la LUIB. Lo hizo en el año 2009. «Es algo necesario. Los edificios envejecen y la gente tiene que saber si su edificio es seguro para los ocupantes y para tercera personas. Se inspecciona no solo el interior sino también lo que pueda afectar a la vía pública como las fachadas», dice el secretario de los aparejadores. Mateu Moyà recuerda que «ha habido caídas de trozos de balcón, aleros o persianas que han causado accidentes graves y son riesgos que una ITE pone de manifiesto para intervenir antes de que ocurran. Es un seguro para los ocupantes y para las personas que caminan por las calles», concluye.
Inspecciones de oficio
En el caso de que un propietario no presente el pertinente informe de inspección el ayuntamiento tiene la posibilidad, no solo de sancionar, sino de ordenar la ejecución de los trabajos de reparación necesarios repercutiendo después el coste a la propiedad.
Visto lo visto, ¿por qué solo cuatro ayuntamientos de Mallorca han aprobado las ordenanzas para exigir la Inspección de Edificios y solo tres de ellos la aplican de facto?
«Lo cierto es que no tienen los medios», explica el secretario técnico del Colegio de Aparejadores. «Con el derrumbe que hubo en el Arenal se ha visto que el ayuntamiento no tiene los medios necesarios o suficientes. Si entra una ITE negativa y no la pueden revisar hasta que pasa un año, la medida pierde efectividad, aunque eso no exime al promotor de la responsabilidad del derrumbe», añade.
Aunque la instrucción de la Llei d’Urbanisme también afecta a los edificios municipales, escuelas, conselleries e incluso edificios religiosos, buena parte de los edificios públicos no se someten a esta evaluación. En algunos casos no solo se tiene que comprobar el estado estructural sino también el cumplimiento de la ley de accesibilidad y la calidad energética.
«En Palma tenemos documentados muchos informes de edificios públicos, pero no fuera de Palma», dice el secretario de los aparejadores.