La empresa 12 Millas, que ejerce la acusación particular en el ‘caso Puertos’ reclama penas de prisión de tres o cuatro años de cárcel para siete de los investigados en la causa, entre ellos el expresidente de la Autoritat Portuària, Joan Gual de Torrella, la responsable de la Abogacía del Estado en Balears, Dolores Ripoll y el exalcalde de Eivissa, Rafael Ruiz.
La acusación particular hace un relato similar al de la Fiscalía en torno a la adjudicación del náutico de Eivissa. Sostiene que existió un acuerdo en la cúpula de la Autoritat Portuària para mantener la concesión en manos del Club Náutico histórico y que, en base a eso se tomaron una serie de decisiones irregulares para evitar un concurso limpio. Habla de «actos delictivos en desviación de poder» y en total de seis decisiones prevaricadoras diferentes a lo largo de todo el proceso. «De lo que se trataba era de asegurar que venciera el Club Náutico», sostiene el escrito de la mercantil, firmado por el abogado Antoni Monserrat.
La calificación sostiene que existió «una auténtica campaña política en favor del CNI, con declaraciones del Parlament Balear, de la presidenta del Govern y de las autoridades más significativas de Eivissa». De ahí, añade que «los implicados estaban en la convicción de que no habría problema alguno para el aseguramiento de los fines buscados».
La empresa 12 Millas impulsó varios recursos contra el concurso en el TSJIB que dieron lugar a sentencias que anulaban parte del concurso, en especial el criterio del «arraigo» que se había incluido y que consideraban que la fórmula elegida por la Autoridad Portuària no era la correcta. En sus conclusiones provisionales califica los hechos como delitos de prevaricación, tráfico de influencias y de fraude a la administración. Incluye como acusados al exdirector de la Autoritat, Juan Carlos Plaza y a otros tres directivos de la entidad.
La acusación particular se reserva la petición de una indemnización al Estado por el coste que le supuso preparar el concurso y por los fondos que hubiera podido haber obtenido de haber ganado. Por el momento no fija una cuantía, a la espera de una pericial económica que ahora mismo está elaborando. Menciona que la magistrada, en el auto en el que finalizaba la instrucción hablaba de un coste superior a los 12 millones para las arcas públicas durante las tres décadas de duración del contrato.
Además de 12 Millas también ha presentado ya su calificación la Fiscalía, que reclama penas superiores porque su relato abarca toda la pieza, que incluye también un contrato en Menorca. El Ministerio Público incorpora además un delito de cohecho, del que acusa, entre otros a Gual, que tiene que ver con las negociaciones posteriores con 12 Millas para que se apartara del concurso. De hecho, el responsable de la entidad estuvo imputado durante la instrucción aunque no ha sido finalmente acusado. El juzgado tiene aún que dictar auto de apertura de juicio oral.