El Gobierno admite que los servicios de acogida de menores migrantes en Baleares podrían estar en los niveles de sobreocupación del 150 % que proponen establecer para todas las comunidades, pero reitera que la tutela de estos jóvenes es competencia autonómica e insular y condiciona cualquier cambio del modelo al desbloqueo de la reforma de la Ley de Extranjería. «Todos los sistemas autonómicos están saturados porque se crean plazas a demanda; por eso es necesario que se pueda garantizar un reparto solidario entre comunidades cuando ciertos centros estén sobreocupado», ha defendido el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tras reunirse en Palma con el Govern y los consells insulars, que llevan dos meses alertando de que no pueden acoger más menores llegados en patera.
Pérez ha sostenido la necesidad de que la Conferencia de Presidentes consensúe la reforma de la normativa citada para poder definir un nuevo modelo de acogida de menores y establecer, para todas las comunidades, cuándo un servicio está sobreocupado. «Defendemos los traslados de forma solidaria porque no queremos que la búsqueda de espacio para atender menores sea algo crónico», según ha explicado. «Se está consolidando una ruta migratoria cada vez más evidente hacia Baleares y es necesario identificar cuáles son los mecanismos para atender a los menores que van llegando», ha comentado.
En cualquier caso, el secretario de Estado ha señalado que los 14.000 menores migrantes no acompañados que actualmente hay repartidos por España, sobre todo en Canarias y Ceuta, no se pueden tildar de «invasión», teniendo en cuenta que la población total del país es de 48,7 millones. «Pensar lo contrario nos obliga a repensarnos como sociedad democrática», ha dicho, y ha agradecido a las instituciones de Baleares que no hayan asumido la «tesis antidemocrática» de Canarias de querer dejar de recibir menores. De hecho, la Fiscalía ha recurrido este miércoles el protocolo de atención a menores extranjeros migrantes no acompañados recién aprobado por el gobierno canario del PP y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad que paralice inmediatamente su aplicación.
Respecto a la petición de más recursos económicos por parte del Govern y los consells, Rubén Pérez ha criticado que se estén pidiendo fondos «para crear agujeros creados con rebajas de impuestos». «No queremos que los recursos del Estado para financiar sistemas sociales acaben siendo utilizados para tapar decisiones fiscales de cada gobierno autonómico», ha señalado el secretario, ya que el Govern de Marga Prohens ha ido aprobando diversas rebajas de impuestos. También ha criticado que el PP se oponga a la reforma de la ley de extranjería. «Los mismos que ponen palos en las ruedas son los mismos que piden recursos», ha añadido.