Ana Loaiza es una de las cerca de doscientas personas que la tarde del 31 de julio de 2024 fue expulsada de la finca de Can Rova en la que residía desde hace tiempo en Ibiza. Se trata de unos terrenos situados en el municipio ibicenco de Santa Eulàlia hasta entonces repletos de tiendas de campaña, campers y caravanas.
Afirma que «las instituciones locales, insulares y autonómicas tenían pleno conocimiento de la situación» y que «se firmaban y pagaban contratos de alquiler e incluso había personas empadronadas» Era el último día hábil antes del parón judicial de cada mes de agosto, cosa que no impidió que se ejecutara un desalojo cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Es un ejemplo de ‘las dos Ibizas’ la del lujoso paraíso turístico y la del drama de la especulación inmobiliaria.
Sobre el papel, Can Rova era un asentamiento ilegal, a pesar de que buena parte de sus inquilinos pagaban entre 300 y 500 euros de alquiler al propietario para poder desplegar sus tiendas o aparcar sus autocaravanas. La mayoría eran trabajadores y trabajadoras desplazados a la Isla junto a sus familias para ofrecer los servicios turísticos de la ‘Ibiza de lujo’ durante la temporada alta turística. Era la única alternativa factible para una clase trabajadora incapaz de afrontar los desorbitados precios del alquiler de viviendas, habitaciones o incluso balcones. En Ibiza se llegan a pedir 1.500 euros al mes por dormir en un sofá.
«Es paradójico que en la Isla de lujo de Europa haya personas maltratadas por las instituciones viviendo en la calle», ha explicado este martes en Palma Ana Loaiza. La joven se ha desaplazado hasta el Parlament balear para pedir cuenta a las instituciones por la «desatención de los afectados».
«El Ajuntament de Santa Eulàlia, que presume de su competitividad turística y de ser uno de los municipios mas grandes de Ibiza, nos ha tratado como a ciudadanos de segunda vulnerando los derechos humanos y de los niños, menores de edad que sufrieron una tras otra, una ola de calor, los efectos de una DANA y ahora una vuelta al cole en situación de vulnerabilidad. «Se pone en duda la vulnerabilidad de las familias negandoles una solución e ignorando el sufrimiento causado. Invitamos a las instituciones a que se lean la carta de los derechos humanos que parecen desconocer», ha reprochado la afectada.
Loaiza llega este martes a Mallorca de la mano de la parlamentaria de Podemos Cristina Gómez Estévez que ha interpelado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre el asunto. «Gracias por traer esta cuestión al Parlament porque nos muestra la peor cara de la situación de acceso a la vivienda en Baleares», ha dicho la presidenta.
A estas alturas es más que evidente que los mallorquines y menorquines miran de reojo a Ibiza, conscientes de lo que está por venir. Lejos de dar una solución a los desalojados, Prohens ha aprovechado esta circunstancia para cargar contra los responsables del Pacte de Progrés. «Este es el resultado de ocho años de políticas fracasadas de acceso a la vivienda», ha dicho. La presidenta ha anunciado además que el propietario de los terrenos tendrá que pagar una multa millonaria por el alquiler ilegal de su finca. «No le saldrá a cuenta haberse aprovechado de estas familias vulnerables», ha dicho.
El importe de la multa es lo que menos preocupa a los numerosos los trabajadores que hoy duermen al raso en Ibiza porque la alternativa de alquiler legal es inalcanzable.