El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Antonio Sepere, participó este jueves en el Palma en el Foro Social de Baleares. El magistrado anunció que en diciembre el Alto Tribunal analizará las primeras sentencias sobre la flexibilización de la indemnización por despido, que aplican la doctrina de Consejo Social Europeo y van más allá del sistema tasado de días por año trabajado español.«Ahora mismo estamos en la peor de las circunstancias, el legislador dice que va a hacer algo pero no lo ha hecho. Lo ideal es que sea capaz de dar una fórmula que de seguridad jurídica y a la vez flexibilidad en los casos en los que se estime que la indemnización tasada no es suficiente», señala. Advierte, en todo caso que «en derecho no es blanco o negro sino que se tiende a ir a los grises» y que la nueva indemnización será «no para todos pero sí para algunos despidos».
Otro asunto que el Supremo resolverá este otoño tiene que ver con la obligación o no de las empresas de dar posibilidad de contestar a los trabajadores ante un despido disciplinario, en base a un caso resuelto por el TSJIB que anuló un despido por esa falta de contradicción en base a un convenio de la OIT. «Técnicamente es un tema precioso», señala Sempere. «Las empresas lo han asumido por adelantado. Nuestra ley no lo pide y la sentencia de Balears dijo que hay que darlo. Lo importante es la transición y la pregunta es si hay que obligar a las empresas a ir más allá de la ley local y aplicar un convenio internacional de hace cuarenta años».
Semprere muestra además su alivio por la renovación del TSJIB y el nombramiento de una presidenta para el Supremo. «Estábamos ante una grave anomalía» y pone como ejemplo, que la Sala de lo Social, compuesta por 13 magistrados ahora mismo solo cuenta con siete a la espera de que se lleven a cabo los nuevos nombramientos. «Estamos esperanzados en que se tomen decisiones con acuerdos y no por una política de bloques», añade.
Considera que el atasco en la cúpula judicial es un «problema grave» que no se solucionará en uno o dos meses. Sobre el atasco de la jurisdicción Social y los señalamientos en Balears a más de dos años vista, lamenta la situación: «No es de los peores. Las jurisdicciones competimos a ver quien es la menos mala. Los tribunales laborales nacieron huyendo de la complejidad y la lentitud. Hace falta un pequeño debate técnico y social sobre el modo de resolver las discusiones. No todo debe judicializarse, ni quizá todo lo que se judicializa tiene que tener recurso», incide. Reclama una mayor cultura del acuerdo y la búsqueda de fórmulas de mediación que permitan resolver los conflictos sin llegar a juicio. «En asuntos que tienen que ver con conciliación o vacaciones más que decisiones jurídicas tomamos decisiones salomónicas: qué día va mejor que libre un trabajador o no», pone como ejemplo.