La resolución del Tribunal Constitucional sobre la media hora previa de contratación para el servicio de VTC (vehículos de transporte con conductor) en Baleares ha caído como una bomba. Mientras los taxistas acogen la decisión judicial con resignación, desde la patronal estatal del sector de las VTC, Unauto, aseguran que ya están planteando la posibilidad de reclamar responsabilidades patrimoniales al Govern en forma de indemnizaciones.
Así lo asegura su presidente, José Manuel Berzal, quien afirma que hoy mismo remitirán una misiva a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para solicitarle una reunión con la Conselleria de Mobilitat y con todos los actores del sector «para sentarnos y tratar de determinar entre todos cómo atender la demanda de servicios que hay en las Islas». De «atropello al sector de las VTC» califica Berzal la medida de los 30 minutos de precontratación. El presidente de Unauto, muy satisfecho lógicamente con el pronunciamiento judicial, no escatima críticas para el Ejecutivo balear, al que acusa de haber mantenido el precepto de los 30 minutos previos de antelación en la ley del transporte aprobada este año «a sabiendas de que esto iba a pasar: ya sabían que había habido pronunciamientos judiciales como el que ahora se ha producido. Lo hicieron de manera consciente».
En ese sentido, Berzal es especialmente duro con el proceder del Govern, el cual, critica, «ha querido discriminar la sector de la VTC para evitar las presiones de los taxistas». Es más, el presidente de Unauto afirma que pretende pedir explicaciones en la reunión con los gobernantes autonómicos. «Nos tendrán que explicar por qué Baleares es rehén del taxi».
La exigencia de indemnizaciones por el perjuicio que ha podido suponer el precepto de los 30 minutos era una posibilidad de la que ya advirtieron hace meses Unauto y Feneval, la otra patronal del sector. Ambas remitieron una carta abierta a Prohens el pasado febrero, tras la aprobación de la conocida popularmente como ley del taxi. En el escrito se señalaba que la ley «generará una millonaria responsabilidad patrimonial a la Administración, de forma que los ciudadanos, además de ver limitadas sus opciones de movilidad, deberán pagar cuantiosas indemnizaciones de sus impuestos». Eso sí, Berzal concede que deben establecerse diferencias regulatorias entre VTC y taxis. Tampoco tiene problema alguno con la precontratación. «Coincidimos en que somos servicios diferentes y en que tiene que haber una precontratación».
El presidente de la Asociación Mallorquina de Trabajadores Autónomos del Taxis (Amtat), Biel Moragues, señaló que aunque la noticia era negativa para sus intereses, «lo de los 30 minutos es secundario si se arregla todo lo demás». Así, afirma que la media hora de antelación para contratar el servicio «era una manera de parar la liberalización y la golfería de esta gente con su manera de trabajar», señaló en alusión a las prácticas de Uber. En ese sentido, Moragues cree que la sentencia deja claro el derecho de Baleares a fijar diferencias normativas y regulatorias entre taxis y VTC en pro del equilibrio y también de decidir las autorizaciones que se conceden al no tener carreteras nacionales.