La Conselleria de Salut i Consum ha impuesto dos sanciones graves a una criadora de perros por comercializar cachorros que no eran de la raza que anunciaba. La comerciante, que mantenía una pequeña tienda de animales en Palma, fue denunciada ante las autoridades por una de sus clientas. La compradora había adquirido un cachorro a la criadora. Sin embargo, el animal resultó no ser de raza, tal y como se había comprometido por la vendedora. A partir de ahí, las autoridades de consumo iniciaron un expediente y descubrieron al menos otro caso similar.
Por ese motivo, el expediente sancionador terminó en la imposición de dos sanciones graves en materia de consumo que se impusieron en el año 2022. La criadora afectada discrepaba de las multas y recurrió ambas ante los tribunales. Como primer paso reclamó a través de su defensa la suspensión cautelar de las multas para no tener que abonar los 12.000 euros. Su argumento estaba en el impacto económico que le generaba la sanción que hacía peligrar la situación de la sancionada ante su cuantía.
El recurso también explicaba que la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, que limita la venta de cachorros en establecimientos y solo lo autoriza para criadores, suponía también un impacto grave en su actividad económica, que se agravaba por el de la multa impuesta por el Govern.
Tanto un juzgado de lo Contencioso de Palma como el Tribunal Superior de Justicia desestiman la petición. Recuerdan que las multas son ejecutivas salvo que sea el sancionado el que acredite que le puede suponer un perjuicio irreparable, algo que, en el caso de la vendedora de cachorros, entiende que no se ha producido y tendrá que esperar a la decisión definitiva.