Los propietarios de viviendas que decidan alquilárselas al Govern tendrán rebajas fiscales. El PP presentará una enmienda al decreto ley de simplificación administrativa con diversas medidas tributarias, entre ellas la posibilidad de que estos propietarios se desgraven 1.800 euros por alquilar sus pisos al Ejecutivo, que de esta manera actuará como agencia pública de alquiler. Para acceder a estas ayudas, el Govern incluye la condición de que las viviendas lleven al menos dos años vacías ya que el propósito de esta iniciativa es que salgan al mercado parte de los 100.000 pisos que están desocupados.
El Govern prepara una serie de desgravaciones a través de enmiendas al decreto de simplificación y también prevé una de 1.500 euros para quien alquile sus viviendas vacías siempre que sea un alquiler de larga duración. Además, todos ellos se podrán beneficiar de hasta 440 euros extra de desgravación si tienen suscrito un seguro por impago de la vivienda.
Las modificaciones
El PP presentará enmiendas para que los enfermos de ELA se desgraven hasta 3.500 euros en sus declaraciones, además de otras desgravaciones para quienes paguen residencias para mayores o tengan cuidadores en sus casas.
El plazo para presentar enmiendas acaba este viernes y el PP prepara medio centenar, en su mayor parte de carácter técnico, pero algunas tendrán también contenido político. Habrá cambios en la disposición que regula la legalización de viviendas en rústico ya que se amplía su efecto. También se legalizarán los usos ilegales en rústico que ya hayan prescrito, como los restaurantes o almacenes agrícolas, entre otros. El PP dejará en manos de los ayuntamientos que decidan las condiciones que deberán cumplir las viviendas para poder legalizarse de forma que variará en función de la decisión de los plenos municipales.
Algunas de las enmiendas que presentará el PP atienden las advertencias que ha hecho el Gobierno sobre la posible inconstitucionalidad del texto. El Govern atenderá la mayor parte de las peticiones que ha hecho Madrid porque quiere evitar a toda costa que la ley acabe recurrida en el Tribunal Constitucional. Desde el PP aseguran que están convencidos de que habrá acuerdo entre las administraciones y se evitará el recurso.