El juzgado de Instrucción ha embargado todas las propiedades de los cuatro investigados por formar un grupo criminal que ofrecía solucionar sanciones urbanísticas y suplantaba a técnicos del Consell. En total, el auto de la instructora implica la retención de dieciséis inmuebles, viviendas y solares en Mallorca y la Península. El objetivo es garantizar que, en caso de condena, los denunciantes recuperen los 371.000 euros supuestamente estafados.
El auto de la magistrada señala que existen indicios suficientes de que el grupo actuaba de forma coordinada. Captaba a personas que habían sido sancionadas por irregularidades urbanísticas y les decía que tenían un contacto dentro de la Agencia de Disciplina Urbanística. Ofrecían solucionar el problema y hacer desaparecer de un plumazo multas y órdenes de demolición.
Sin embargo, el relato que hace la magistrada en su auto señala que no se hacía ningún tipo de trámite ante la administración insular. «Las únicas gestiones que llegaron a realizar fueron presentar autorizaciones de las víctimas, solicitudes para examinar el expediente y algún escrito sin ningún tipo de sustento argumental». Destaca que ninguna de las actuaciones supuestamente llevadas a cabo tuvo efecto alguno sobre los expedientes y que este tipo de maniobras se produjeron durante años.
Según la resolución, los fondos que recibieron en concepto de alegaciones, tasas o pagos a terceros pasaron a su patrimonio. «Todo ello era una treta para embaucar a las víctimas y lograr apoderarse del dinero».
Riesgo
La magistrada considera que existe un riesgo de que, en el caso de no actuar de forma cautelar contra los investigados, estos intenten deshacerse de sus propiedades para evitar afrontar cualquier pago. La petición de embargo fue planteada por la acusación particular que representa a uno de los empresario afectados, ejercida por el abogado Antonio Martínez. La medida fue respaldada por el resto de afectados, por el Consell Insular, que también está personado en la investigación y por la Fiscalía.
Algunos de los afectados tenían que afrontar pagos de medio millón de euros, además de implicar la demolición de las obras ilegales. El efecto de la estafa, además del dinero pagado es el coste en recargos de las sanciones y que estas se han convertido en firmes.