Durante su primer año al frente del Institut Mallorquí d'Afers Socials(IMAS), el conseller insular de Benestar Social, Guillermo Sánchez, está lidiando con una situación que no pensaba que coparía gran parte de su gestión, como lo está haciendo la creciente llegada en patera de menores extranjeros no acompañados. El máximo responsable de su correcta acogida advierte de que los servicios están sobrepasados.
¿En qué estado se encuentra el sistema de acogida del IMAS?
—La situación es límite porque no está pensado para el número de llegadas de los últimos años. Tenemos 603 menores, de los cuales 303 son extranjeros no acompañados, un 51 %. No hablamos de algo residual, que es lo que era hasta hace no mucho y se podía asumir. En cuanto a llegadas, en lo que llevamos de año han venido 170 menores por mar. Si continuamos así, duplicaremos los datos respecto al año pasado, cuando llegaron 180. De 2022 para atrás no llegaban a nuestras costas más de 50 menores no acompañados. Hablamos de un incremento del 500 %. Todos los técnicos y entidades con las que trabajamos están movilizadas, así como Obispado, que nos va cediendo espacios de emergencia y, aun así, no bastan. La Delegación del Gobierno es la única que no ha contestado.
¿Por qué acusa al Gobierno de inacción premeditada?
—El 16 de julio agendamos una reunión con el Obispado y la Delegación del Gobierno, pero el día antes, el delegado, Alfonso Rodríguez, propuso posponerla y hacerla con la secretaria de estado otro día; justo la semana siguiente vino la ministra Elma Saiz, pero ni siquiera se reunió con el Govern. A nosotros no nos han vuelto a decir nada desde entonces y no contestan a nuestra petición de ayuda. No tengo pruebas, pero parece que hay un mandato del Gobierno de Pedro Sánchez para tensionar a las comunidades donde gobierna el PP, que son las que tienen este problema migratorio. Es cierto que tienen las competencias, pero se requiere de una estrategia nacional y un trabajo en origen para tratar la crisis migratoria. Si se excede nuestra capacidad para asumir llegadas, el Gobierno debe de dar recursos financieros a los consells y el Govern y declarar Balears como una nueva ruta para poder gestionar los trámites con mayor celeridad.
¿En qué condiciones están los adolescentes que atienden?
—No se distingue el trato entre un menor de una familia residente de un menor inmigrante no acompañado. Ahora todos los centros están sobreocupados y por eso hemos tenido que habilitar cualquier inmueble que teníamos, como la residencia de la Bonanova, que es de gente mayor. Todos tienen las necesidades cubiertas y nuestra obligación es permitir su transición hacia la vida adulta, lo cual implica integrar, que aprendan el idioma y reciban una formación para conseguir trabajo. La tasa de éxito de integración, sin embargo, empieza a bajar por esta situación. El modelo óptimo es de un máximo de ocho menores para garantizar la integración. Ahora se superan los grupos de 12.
¿Cuál es el perfil de los jóvenes?
—El 80 % son argelinos de entre 16 y 17 años, el resto marroquíes y subsaharianos. Esto demuestra que existe una ruta migratoria.
¿A qué lo atribuyen?
—Está habiendo una política nacional en materia de migración totalmente errática. Nadie desconoce las malas relaciones que hay con Argelia. Y de ahí los datos. Balears era un lugar de tránsito hacia otros países de Europa, ahora ya somos un destino, quieren quedarse. El foco está en Canarias, donde llegan más subsaharianos, pero nuestro gran temor es que esa ruta se desplace aquí y tengamos su misma situación. Allí ahora tienen unos 6.000 menores no acompañados. Sin haber llegado a algo parecido, el sistema económico del IMAS, que se nutre del presupuesto del Consell y el Govern, que nos está ayudando, ya ha requerido de una inyección de casi 13 millones para atender la situación. Canarias destina al año 120 millones por la crisis migratoria, que es la mitad de nuestro presupuesto.
Los enfrentamientos que ha habido en Palma y el Arenal a causa de jóvenes que llegaron a la isla solos siendo menores y ahora ya son adultos ha provocado tensión. ¿Qué ha fallado?
—Las competencias y datos sobre delincuencia son del ministerio, pero puedo decir que durante el año que llevo de presidente no ha habido ninguna condena a un menor bajo tutela del IMAS.
¿No le parece incoherente que Vox rompiera su pacto con el Govern por aceptar acoger menores y, en cambio, continúe gobernando con ustedes en el Consell, la institución que los tutela?
—Todo lo contrario porque no hay debate sobre si acogerlos o no. Cuando ha surgido este tema, no ha habido debate posible. Es una obligación legal y todos lo tenemos claro. No es de libre disposición del que gobierno de turno decida lo contrario. Si no se acoge puede, resultar en conducta delictiva. Al hablar con miembros de Vox dejan de lado sus siglas.
La crisis climática alentará a muchos a huir de un norte de África cada vez más seco y caluroso. ¿Prevén solicitar algún plan para afrontar esta situación futura?
—Los que llegan aquí no huyen de un conflicto bélico, la crisis climática o hambrunas. Es diferente a Canarias, donde si pasa eso. Aquí vienen para mejorar su situación. ¿Qué ocurrirá cuando sí que vengan huyendo de todo eso? Hay que trabajar para que en los países de origen se promueva que tengan una vida digna y no se vean forzados a irse o sean engañados por las mafias que se lucran con todo esto. El migrante se juega la vida y es digno y respetable porque lo hace en busca de una vida mejor, pero mejor si se le garantiza en su país. El Gobierne tiene que tener un mensaje claro sobre la inmigración ilegal; ese es el problema, no los menores.