El Gobierno considera inconstitucional derivar turistas extranjeros europeos o británicos a clínicas privadas de Baleares, como aprobó en marzo la Conselleria de Salut mediante un decreto para tratar de descongestionar el servicio sanitario público. El ministerio de Política Territorial cree que el grueso de la normativa vulnera la Constitución y, por ello, ha puesto en marcha la creación de una comisión bilateral para solucionar las «discrepancias suscitadas». Se da la curiosidad de que el PSIB votó a favor del decreto que ahora el Gobierno central, de PSOE y Sumar, impugna.
Esta fase de diálogo se trata de un primer paso para tratar de evitar que el caso acabe con un recurso interpuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional. El comunicado del Gobierno detalla que los principales artículos del decreto, el 1, 3, y el Título II, que incluye los artículos del 10 al 21, vulnerarían la Carta Magna.
Son los puntos que regulan la creación de la Red de Centros y Servicios Sanitarios de Apoyo a la asistencia urgente y emergente a turistas comunitarios y británicos, así como la formas, los requisitos y el procedimiento de habilitación para que centros privados presten servicios sanitarios de carácter urgente a los extranjeros de paso por las Islas que tengan derecho a recibir asistencia sanitaria por parte del Servei de Salut.
Desde que Marga Prohens preside el Govern, el Gobierno se ha pronunciado varias veces sobre la inconstitucionalidad de varias medidas anunciadas en este año y poco que la 'popular' lleva en el cargo. Es el caso de la supresión de la Oficina Anticorrupción o en el decreto que otorga beneficios fiscales para propietarios que alquilen, donde ambos gobiernos llegaron a un acuerdo para modificar ligeramente la norma.
La semana pasada, además, el mismo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmó que ve inconstitucional el decreto que legaliza edificaciones en suelo rústico. Una declaración que el vicepresidente balear, Antoni Costa, criticó, aunque se mostró abierto a negociar.
Pese a que la diferencia del color político entre ambos ejecutivos pueda dar a pensar que existe una motivación política, como puede haber ocurrido en el caso de la comisión sobre la supresión de la Oficina Anticorrupción, durante los gobiernos del Pacte de Francina Armengol, Madrid también exigió muchas veces sentarse a dialogar por la inconstitucionalidad de ciertas políticas, como la prohibición del diésel en Balears, la ley de vivienda o medidas por la COVID.