Al Ministerio de Justicia se le acumula el trabajo inmobiliario en Palma. A falta de concretar la compra de los terrenos para la construcción de un nuevo edificio judicial en Palma, tiene en el aire la ubicación de la Fiscalía. El edificio que ocupa actualmente el Ministerio Público pertenece al Govern y, en seis meses, en junio de 2025 expira la cesión del inmueble sin que, hasta ahora, se haya alcanzado ningún acuerdo para la prórroga. El acuerdo para que la Fiscalía ocupara el edificio antiguo de la ONCE en la plaza Bisbe Bereguer i Palou, data de 2004 cuando el Govern, entonces encabezado por Jaume Matas, cedió las instalaciones primero por un plazo de diez años. Se prorrogó por una década más sin incidencias y el plazo expira ahora.
Según fuentes del Govern, las negociaciones con el Ministerio están paradas y deben retomarse el próximo otoño. Justicia aspira a una prórroga de una década más para ocupar el inmueble. Sin embargo, la administración autonómica interpreta que, legalmente no es posible esa extensión y que el máximo periodo posible sería de cinco años.
La negociación corresponderá por parte del Govern a la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio. Al igual que ocurre con la administración de justicia, la autonómica tiene distintos departamentos que están alojados en edificios de alquiler por los que el Govern tiene que pagar. La cesión acordada por Matas de un inmueble céntrico y de 1.500 metros cuadrados fue gratuita.
Antes de ocupar su actual sede, la Fiscalía apenas disponía de un espacio de 70 metros cuadrados en la sede de la Audiencia Provincial. La solución que se alcance tendrá que durar al menos hasta que se construya una nueve sede judicial en Palma y para eso aún queda. El propio Ministerio admite, a preguntas de este periódico que aún está tramitando el expediente para adquirir las parcelas, situadas en Son Pardo, a su actual propietario, la Sareb, el banco malo. Hace un año y medio que la entonces ministra del área, Pilar Llop, anunció el proyecto para dotar de una nueva infraestructura al partido judicial, ante la falta de espacio y con ella la adquisición de una superficie de 180.000 metros cuadrados por una cantidad que situó en los cinco millones de euros.
Desde el anuncio, la adquisición definitiva de los terrenos se ha retrasado por distintos problemas administrativos y burocráticos, además del cambio en el ministerios y su absorción por Presidencia. Otro obstáculo ha sido urbanístico por la aprobación definitiva del Plan General de Palma que implicaba una serie de condiciones nuevas hasta la entrada en vigor de la nueva depuradora. El Ministerio tuvo que renegociar las condiciones para la adquisición, solicitar documentación al Ajuntament y cumplir algunos trámites administrativos. El titular del suelo debe pasar a ser Patrimonio del Estado. Una vez con la parcela deben iniciarse los trámites para la licitación del proyecto definitivo, un trámite que también durará aproximadamente un año desde que se disponga del suelo.
La idea que se anunció en diciembre de 2022 era enviar a la nueva sede los órganos de jurisdicción civil, registros civiles, juzgados de menores, Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, la Gerencia Territorial de Justicia y la Abogacía del Estado. Sin embargo, será el proyecto definitivo el que marque qué unidades se trasladan. La cercanía de los terrenos a la cárcel, por ejemplo, facilitaría los frecuentes traslados de presos hasta los juzgados de jurisdicción Penal. Tampoco se definió en aquel momento el futuro de las actuales sedes de Palma. Todas ellas están ya saturadas y carecen de espacio para instalar nuevos juzgados. De hecho, cada apertura nueva se ha retrasado durante meses.