La Federación de Alquiler Turístico en Balears (FEBHATUR) está preparando una enmienda al decreto de simplificación administrativa del Govern que permita a las viviendas ilegales en rústico que van a ser amnistiadas conservar la licencia de alquiler turístico en caso de que la tengan. En principio, la normativa autonómica contempla la posibilidad de legalizar construcciones fuera de ordenación, aunque impediría mantener estas licencias.
La intención de la plataforma es ir de la mano de los ayuntamientos de los municipios más afectados por la normativa -Pollença, Alcúdia y Santanyí- para presentar una enmienda. Por lo pronto ya se ha producido una reunión con el alcalde de Pollença, Martí March (PSOE), quien ha señalado que «entendemos que no se puede quitar una licencia totalmente legal por el hecho de arreglar una ilegalidad».
En ese sentido, March ha aseverado que «se han de poder legalizar las viviendas sin renunciar a la licencia turística legalmente concedida». El alcalde socialista lo justifica alegando la necesidad de «garantizar la seguridad jurídica de una actividad tan arraigada en Pollença».
En todo caso, el alcalde pollencí recalca que está «en contra de todo este proceso de amnistía urbanística», ya que no comparte «nada de este planteamiento». Eso sí, mantiene que «es una contradicción legalizar lo ilegal y que a la vez se ilegalicen licencias concedidas legalmente», por lo que se muestra partidario de mantener esas licencias, sobre todo en un municipio con una presencia tan grande de este tipo de oferta.
Por su parte, el presidente de la federación, Miquel Cifre, señala que «ahora que ya está aprobada esta amnistía, necesitamos solucionar un problema que no debería existir; no podemos desvestir un santo para vestir a otro».
Las viviendas en rústico ilegales que disponen de licencia de alquiler turístico la habrían obtenido entre 2006 y 2012, un periodo en el que no era necesario contar con cédula de habitabilidad para ello.
El alcalde pollencí y la federación se han comprometido a trabajar conjuntamente para solucionar lo que consideran un «error» del decreto ley. Los responsables de FEBHATUR planean reunirse próximamente con los ayuntamientos de Santanyí y de Alcúdia, municipios que aglutinarían el grueso de las viviendas en rústico a las que afecta el decreto por detrás de Pollença, que es con diferencia el municipio más afectado.