Unos 900 funcionarios interinos de Baleares podrían reclamar una plaza fija si se aplica la normativa europea. Este es el cálculo que ha realizado CCOO en base a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la semana pasada convertir a los interinos en trabajadores con contrato indefinido como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales siempre y cuando «no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley».
Alfredo Gutiérrez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en las Islas, precisa que se trata de una estimación que ha realizado su sindicato, teniendo en cuenta a los servicios generales y sus empresas públicas de la Comunidad Autónoma, así como Educación y Sanidad. No obstante, insiste en que se tendrá que analizar cada caso concreto para saber si cumple los requisitos que le permitan estabilizar su plaza.
No obstante, el citado sindicalista insiste en que se trata de un proceso complejo, puesto que «Europa entiende que se puede dar la fijeza como medida de disuasión, pero siempre que cumpla la norma nacional». Sin embargo, la normativa española tiene como principios la «igualdad, el mérito y la capacidad».
Cabe precisar que la propia sentencia el TJUE precisa que «a falta de medidas adecuadas en el Derecho nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos, la solución de conversión de los sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada en contratos o relaciones de empleo por tiempo indefinido puede constituir una de esas medidas siempre que esa conversión no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la Ley». Esto último, «precisamente, es lo que ha determinado las cuestiones prejudiciales del Tribual Supremo para poder conciliar la normativa europea (cláusula quinta de la Directiva europea 1999/70) con la normativa española (principios constitucionales de acceso al empleo público).
«La pelota otra vez al tejado de España», lamenta el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. En este punto, explica que para poder aplicar la sentencia del TJUE habría que cambiar la normativa estatal, aunque cree que el Gobierno estatal no está muy predispuesto. «Mi sensación es que si tocan algo será para temas de indemnización». En este sentido, explica que «cuando alguien que lleva tres años o más en abuso, la ley de estabilización 20/21 marcó una indemnización de 20 días por año trabajado como compensación».
Sin embargo, CCOO no está de acuerdo con esto y reclama que se iguale a los 33 días por año, como si fuese un despido improcedente, ya que el TJUE precisa que la indemnización fijada en la norma es insuficiente». Gutiérrez insiste que es un derecho que corresponde a los trabajadores públicos que llevan años dedicando su trabajo y esfuerzo a la administración publica.