Las obras ilegales realizadas antes de 2016 en edificaciones en suelo rústico podrán acogerse al proceso de legalización que ha puesto en marcha el Govern. En todos estos casos, la ilegalidad ya ha prescrito y la Administración ya no puede actuar para obligar a restituir la situación previa las obras. Se desconoce cuántas edificaciones pueden estar en esta situación, pero en el proceso previo que inició el conseller Gabriel Company se calculó que podían ser una 30.000, a las que se podrán sumar todas las obras ilegales ya prescritas que se han hecho desde entonces.
El proceso de legalización que puso en marcha Company permitió arreglar la situación 1.479 edificaciones que supusieron una inversión de 184 millones de euros, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB). Sin embargo, se espera que el proceso actual haga aflorar muchas más obras ilegales por varias razones.
Una de ellas es que, cuando Company hizo el proceso de legalización, Baleares estaba inmersa en una profunda crisis económica y los ciudadanos tenían menos disponibilidad para afrontar las obras.
La otra es que la sanciones que puso en su día Company son mucho más elevadas que las que pone ahora Marga Prohens. En aquel proceso, el infractor debía pagar entre un 15 y un 25 % del valor de la obra en función de cuándo iniciara el proceso. En el caso actual, las sanciones son de entre un 10 y un 15 % dependiendo si la legalización se hace el primer o el tercer año. En una obra de gran tamaño, el ahorro es notable.
En función de la renta
Pero hay otra cuestión que facilitará que los infractores legalicen las obras ilegales: el decreto ley que ya está en vigor determina que las sanciones se reducirán un 50 % para los contribuyentes que hayan declarado ingresos inferiores a 33.000 euros. En ese caso, la multa irá del 5 al 7,5 % del valor de las obras. Los contribuyentes que declaren unos ingresos inferiores a 52.800 euros al año, se ahorrarán un 25 % de la multa y pagaran entre el 7,5 y el 11,25 % del valor de las obras realizadas.
Quienes quieran legalizar las obras deberán solicitarlo en el ayuntamiento respectivo. En cualquier caso, una de las novedades de este decreto es que el proceso no se iniciará si no lo aprueban los consells. Establece que debe ser un acuerdo de pleno quien decida implantar este procedimiento.
El apunte
La oposición avisa: el decreto es inconstitucional
La oposición está convencida de que el decreto de simplificación urbanística que acaba de aprobar el Govern acabará en el Constitucional. El PSIBcree que los cambios en la ley del Consell Consultiu no se pueden aprobar a través de un decreto ley y Més avisa de que algunas medidas en materia de costas que incluye el decreto pueden chocar con las competencias propias del Gobierno central.