«Mallorca tiene el precio más alto de la vivienda: 17,08 euros el metro cuadrado. Hay una gran problemática de la vivienda, cuyas dificultades son todavía mayores si uno no tiene documentación, ni empadronamiento. Se suma esto al drama de vivir en una infravivienda, en la calle o convivir con gente que no conoces», ha explicado esta mañana la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero, durante la presentación de la memoria 2023 donde este año la vivienda está en el punto de vista.
Càritas Mallorca atendió a un total de 8.804 personas, de las que más de la mitad, un 52 %, no cuenta con una vivienda digna en la Isla. Es una situación que ha aumentado un 12 % respecto a 2022 y que, debido a esta dramática cifra, desde la entidad advierten de que «se necesitan políticas de vivienda social efectivas».
La memoria ‘Allà on ens necessites, obrem camí a l'esperança' recoge los datos de la acción social que se desarrolló durante todo el 2023, con un total de 42.492 intervenciones realizadas por Càritas Mallorca. Por otra lado, una cifra significativa es que casi la mitad de las personas atendidas, unas 4.009, se acercaron por primera vez a la entidad. Son 116 más que en 2022.
La vivienda ha ocupado gran parte de las acciones. Más de 191.000 euros se han destinado solo en ayudas económicas para cubrir pagos del alquiler de los inmuebles o de habitaciones, donde también se incluyen ayudas para la pobreza energética. Son casi 80.000 euros más destinados a esta causa en relación al año anterior. Precisamente, tal como ha mencionado Romero, los gastos en el alquiler han supuesto que muchas familias con menos recursos hayan pedido más ayudas para hacer frente a otras necesidades como la alimentación, la higiene o para la ropa, puesto que casi todo sus recursos económicos se lo ha zampado el tema habitacional.
La mitad, sin papeles
Otro dato significante es que prácticamente la mitad de las personas atendidas por Càritas tienen una situación administrativa irregular y son las que sufren una mayor situación de vulnerabilidad. Esta cifra se ha incrementado un 10 % respecto al año 2022: «Se trata de una población que tiene sus derechos vulnerados, no pueden acceder a una vivienda y algunos no pueden acceder ni al sistema sanitario ni escolarizar a sus hijos. Ni tampoco acceder al mercado laboral».
En cuanto al perfil de los atendidos, el 73 %, unas 6.400 personas, son de origen extracomunitario, de las que 2.800 son de Colombia; 1.703 son españoles y 838 de origen senegalés. Por otra parte, las mujeres se mantienen por encima de los hombres atendidos, unas 1.150 más respectivamente.