El conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido que contrató detectives para que barrieran la Conselleria en busca de micrófonos para garantizar la privacidad y confidencialidad de su trabajo. El conseller no ha explicado quién de la policía le recomendó que encargara este trabajo, pero sí ha señalado que fue una recomendación personal y privada. El conseller ha insistido en que el informe concluye que no había micrófonos, pero que pudo haberlos habido. El coste del servicio fue de 4.235 euros, además del IVA.
El conseller comparecía en el Parlament para dar detalles de este asunto y ha lamentado que la oposición haya hablado más de este tema que de los que está haciendo al frente de la Conselleria. Ha detallado que el barrido electrónico en busca de micrófonos se hizo en septiembre de 2023, poco después de ser nombrado conseller. Ha señalado que la sede de la Conselleria ha albergado numerosos organismos «e incontables reuniones» en las que han participado tanto representantes del Govern como entidades y ciudadanos externos.
Según ha declarado, que hacía años que no se realizaba una comprobación de seguridad y por este motivo se decidió contratar un servicio de« barrido electrónico». Para ello se eligió una agencia especializada con el fin de verificar que los despachos y los espacios comunes tuvieran todas las medidas de confidencialidad sin factores ajenos. Ha insistido en que no se detectaron elementos de grabación, pero sí indicios de que con anterioridad pudo haberlos habido, si bien no quiso explicar quién pudo haber instalado los micrófonos.
Las explicaciones del conseller no han satisfecho en absoluto a la oposición, que de hecho ha denunciado y lamentado precisamente la falta de explicaciones. Tanto el diputado de Més Ferran Rosa como el del PSIB Ares Fernández han criticado que el conseller no dé detalles de quién le recomendó el barrido, por qué no lo hizo la propia policía y hacia dónde apuntaban los indicios sobre la instalación de micrófonos en su departamento con anterioridad.
Rosa ha calificado de «intolerable» la posibilidad de que alguien instale micrófonos en el despacho de un conseller y ha mostrado su solidaridad con el conseller, pero ha insistido en que el Sáenz de San Pedro debía haber acudido a la policía. También ha lamentado que el conseller no conteste a la pregunta de si creía que hubo espionaje interno del anterior Govern, de la oposición o del anterior Govern entre sí. «No ha contestado nada» denunció.
«Si no quiere que eso quede como un esperpento, conteste», ha señalado en esta misma línea el diputado del PSIB Ares Fernández. También ha calificado de «grave» que haya habido espionaje, pero ha recordado que el vicepresident del Goven, Antoni Costa, habló de la existencia de un informe de la policía que recomendaba el barrido, algo que se negó después de manera oficial por parte de los mandos policiales. «Costa mintió», ha denunciado.
El diputado del PP Jordi López Ravanals ha defendido la actuación del conseller y ha recordado que en el pasado hay antecedentes de escuchas en la Comunitat. Ha defendido que el titular de Empresa recurrió a una empresa privada y no a la policía por desconocimiento inicial de los procesos administrativos.