Es uno de los episodios más rocambolescos del primer año del Govern de PP: un conseller, concretamente el de Empresa y Empleo, Alejandro Sáenz de San Pedro, contrató a una agencia de detectives para que revisara su despacho –que la legislatura anterior había ocupado Juan Pedro Yllanes y hace ocho años Iago Negueruela– porque tenía la sospecha de que podía haber micrófonos ocultos y se sentía espiado.
Según indicó en un primer momento, fue por consejo de «la policía» (luego se matizó que «de un policía» tras un inusual desmentido de Jefatura) y se pagaron 4.235 euros. El Parlament acordó este miércoles que compareciese en la Cámara para dar explicaciones.
La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha acordado la comparecencia por unanimidad. Fue una iniciativa de Més per Mallorca, que fue el primer partido que se interesó por ese asunto después de saber de la existencia del contrato y por «las contradicciones» a la hora de dar explicaciones sobre el asunto después de que este diario difundiera la noticia.
La primera reacción llegó del portavoz del Govern, Antoni Costa, que aseguró que la contratación de estos servicios respondía a una recomendación de la Policía Nacional pero más tarde, desde la propia Conselleria, admitieron que vendría motivada por una charla con una «conversación interna con un mando policial». Según Costa, la indagación «determinó que en ese momento no había micrófonos, pero sí pudo haberlos». Nunca se difundió ese informe porque el Govern indicó que tenía carácter reservado.
El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, más allá del pago de 4.000 euros, consideró que era «grave» que el Govern se sintiera espiado y no se dieran explicaciones de «por qué» y planteó varias preguntas en el Parlament, igual que hicieron los socialistas. Tanto Negueruela como Yllanes mostraron su hilaridad por el episodio.