Mallorca mira de reojo las manifestaciones de Canarias y expertos y ciudadanos advierten que las movilizaciones y estallidos sociales por la falta de una vivienda asequible están a la vuelta de la esquina. El colectivo Banc de Temps i Consum de Sencelles ha puesto en marcha una campaña que se ha viralizado y cuyo lema es ‘Nos echan porque no podemos pagar’. En pocos días se ha convertido en un clamor que corre por la Part Forana. Al igual que en las décadas previas al boom turístico, los mallorquines piensan en hacer las maletas pero no por falta de trabajo, sino de techo. El encarecimiento de la vivienda traspasa capas sociales y toca de lleno a la clase media, que ven imposible pagar lo que ya se está pidiendo.
Oriol Ducable, el panadero de la Colònia de Sant Pere, busca casa urgentemente. Su mujer es la bibliotecaria del pueblo y tienen cuatro hijos. «La otra panadería se cerró por jubilación y la derribaron para construir casas. El teletrabajo es el problema gordo: vienen parejas jóvenes extranjeras con sus hijos y se quedan porque es el paraíso, cobrando sus sueldos del norte de Europa». Necesita una vivienda cerca del horno por sus horarios intempestivos, pero «no hay nada por menos de 1.200 euros y solo me lo alquilan de octubre a mayo». Los precios de estío, por otro lado, son estratosféricos. «Hago pan ecológico y a la gente le gusta pero si no tenemos suerte, nos planteamos irnos de la Isla. Al lado de mi panadería hay una inmobiliaria y no dejan de entrar extranjeros a mirar propiedades. Se te queda cara de tonto...». En la Colònia de Sant Pere se construyen un centenar de casas que superan el millón de euros.
Lo que hace 10 años costaba 500 euros ahora es imposible encontrar por menos de 1.200. «Con 80 años, a la madre de un amigo mío le han subido el alquiler de golpe de 1.000 a 1.500 euros», dice Ducable, que lamenta «la avaricia, pero ¿quién le dice que no al dinero?». El cartel que colocó en su tienda para encontrar casa a buen precio no ha funcionado. Nadie ha llamado en dos meses. La Colònia de Sant Pere se quedará sin panadero en breve. Cati Fiol no piensa en ella, ya que está hipotecada, sino en su hijo de 14 años: «Mallorca quedará para los pudientes. Cada semana alguien en el chat del Banc de Temps de Sencelles nos dice que se va. Están pidiendo desde 2.000 a 6.000 euros al mes. Nuestros hijos no tendrán donde vivir, a la siguiente generación la veo fuera de Mallorca».
Carme Reynés, uno de los cerebros que lanzó la campaña, advierte que «hay muchas personas de clase media que no van a heredar. Aquí, en Sencelles, había 77 casas de alquiler turístico en 2014. Este año ya hay 165». La Isla se está conviertiendo «en un resort de lujo. En el pueblo tenemos tres agencias inmobiliarias y no queda ninguna tienda, y se nos ha llenado de coches extranjeros: Ferrari, Tesla, Porsche... Antes te producían curiosidad y querías un intercambio de cultura, ahora solo provocan enfado». Reynés tiene amigos que ya se han ido a la Península y Luz Fernández, vecina del pueblo, se plantea lo mismo. «Nací aquí pero me pregunto por qué tenemos que hacer un éxodo. En La India te exigen una residencia mínima de 10 años para poder comprar una vivienda».
Luis Alfonso Escudero Gómez, profesor de Geografía Humana de la UIB, advierte que «este fenómeno se detectó en Formentera y Eivissa, luego en Palma y ahora se extiende a los pueblos de Mallorca. La adquisición es imposible para una familia mallorquina o para los que vienen de fuera a trabajar. No son de extrañar las reacciones en redes sociales. Es una consecuencia de la masificación turística que se ha alargado por el cambio climático, con inviernos más breves».
Las segundas residencias de europeos, las viviendas turísticas, hoteles boutique y agroturismos han mermado la planta residencial de la Isla. «Ahora mismo los afectados está optando por el hacinamento», explica. Las previsiones apuntan a que «se generalizarán las manifestaciones sociales. Hay que regularizar la situación de caravanas, sótanos e infraviviendas. Muchas empresas ya se han movilizado y optan por un modelo paternalista en el que ofrecen habitaciones o alquileres para su mano de obra». Escudero prevé «un estallido social muy serio, con movimientos sociales. Hay que tener políticas más claras para regularizar esta situación. Habrá un punto de gran presión social y los políticos deberán buscar una solución».
La crispación es patente en los anuncios en las redes. Una vivienda en Vilafranca de Bonany se alquila a 1.595 euros. Los comentarios rezuman ironía y rabia: «Es el Palacio de Versalles». «1.600 euros al mes por vivir en la periferia. Cómo cambia Mallorca...». «En Ses Salines ya piden 1.900 euros por lo que hace cinco años eran 600. En mi calle hay más matrículas alemanas que españolas. Tan fácil como limitar el alquiler de segundas residencias a extranjeros».